Durante casi dos años, una vivienda en Palma fue el escenario de un sufrimiento silencioso. Detrás de sus puertas, una mujer trabajaba sin descanso como cuidadora, atendiendo a una persona dependiente. No tenía contrato de trabajo, cobraba apenas 900 euros al mes y vivía bajo constantes amenazas: si hablaba, le advertían, acabaría en la cárcel o expulsada del país. Su jornada laboral era prácticamente continua, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después de que la familia se acostara. Además de atender a la persona dependiente, debía limpiar, cocinar y realizar todas las tareas domésticas.