La policía ‘blinda’ la antigua cárcel de Palma para frenar la oleada de robos y peleas de sus okupas

La antigua cárcel de Palma se ha convertido en un auténtico foco de inseguridad que ha obligado a la Policía Nacional a intervenir con contundencia. Tras meses de robos, peleas, incendios y episodios de violencia, los agentes han decidido blindar el recinto para frenar la actividad delictiva protagonizada por los okupas que residen en su interior y contener la creciente alarma social entre los vecinos de la zona.

La respuesta policial llega como reacción directa a una situación que había llegado al límite. Desde la Jefatura Superior de Policía se ha ordenado establecer filtros de seguridad y controles permanentes en los accesos, sometiendo a todos los okupas a cacheos exhaustivos con el objetivo de impedir la entrada de armas y localizar objetos procedentes de robos. Al mismo tiempo, se busca identificar a personas con órdenes de detención en vigor, quebrantamientos de condena o vinculaciones con grupos violentos que han encontrado en la vieja prisión un refugio perfecto para operar al margen de la ley.

De forma paralela, los agentes han iniciado un censo completo de todos los residentes ilegales del recinto. Uno a uno, los ocupantes están siendo identificados y se están revisando sus antecedentes policiales. Estos controles no serán puntuales, sino que se mantendrán e intensificarán con el paso de las semanas para erradicar la presencia de pandilleros, bandas juveniles violentas y delincuentes reincidentes que generan constantes conflictos dentro y fuera del recinto.

Desde hace meses, la situación en la antigua cárcel es descrita por los vecinos como insostenible. Investigaciones periodísticas han documentado la llegada de personas cargadas con maletas, algunas de ellas en taxis o vehículos particulares, accediendo al interior para alojarse en condiciones absolutamente deplorables. Lo que debía ser un edificio abandonado se ha transformado en un auténtico negocio clandestino, gestionado por los propios okupas que llevan más tiempo en el lugar.

Estos violentos okupas (mafias) han tomado el control del recinto y alquilan celdas y espacios improvisados sin agua ni luz a precios que oscilan entre los 300 y 400 euros. Se aprovechan de la desesperación habitacional de personas sin recursos, obligadas a pagar por vivir en un entorno lleno de peligros. Los nuevos inquilinos se encuentran con habitaciones improvisadas en antiguos módulos penitenciarios y deben convivir con perros sueltos, gatos y ratas de gran tamaño, en un ambiente marcado por la suciedad y la inseguridad.

El funcionamiento de este hotel ilegal es conocido por todo el barrio. Vecinos denuncian que la actividad se desarrolla a plena luz del día, alimentada por la emergencia habitacional y la falta de alternativas. Al caer la noche, la escena se repite: okupas recorriendo las calles con carritos de supermercado para llenar garrafas en fuentes públicas y regresando al recinto cargados de agua. En otras ocasiones, intentan engancharse ilegalmente al alumbrado público, provocando cortes de luz que afectan a media barriada.

Las intervenciones policiales son constantes, pero no han logrado frenar del todo la actividad clandestina. La antigua prisión se ha convertido en un epicentro de delincuencia donde las peleas entre okupas, los incendios, los robos y el consumo de drogas forman parte del día a día. En la parte trasera del recinto, colindante con el parque de Cas Capiscol, se acumulan coches abandonados y desguazados, un reflejo del caos que impera en la zona.

Dentro del recinto, el deterioro convive con reformas improvisadas realizadas por los propios okupas. Suelos embaldosados, puertas metálicas, paredes pintadas y focos alimentados por placas solares evidencian una ocupación prolongada y organizada. Sin embargo, el acceso a agua potable sigue siendo imposible desde el interior, obligando a los residentes a depender de fuentes públicas cercanas para cubrir una necesidad básica.

La convivencia en el interior de la cárcel es especialmente conflictiva. La multiculturalidad existente dentro de los muros penitenciarios genera tensiones constantes. Bandas juveniles, grupos de ex Menas, personas de distintas nacionalidades vinculadas a robos con fuerza e incluso con violencia, junto con una importante presencia de españoles con graves problemas de drogadicción o alcoholismo, convierten el recinto en un escenario de enfrentamientos continuos.

Lo que debía ser una infraestructura en desuso a la espera de su derribo para la construcción de viviendas sociales se ha transformado en un símbolo de degradación urbana. Incluso algunos turistas han llegado a pagar por alojarse en este lugar, llevándose una imagen dantesca de Palma y de una ciudad incapaz de frenar un foco de marginalidad, violencia y negocio ilegal en pleno núcleo urbano.

Mientras el futuro de la antigua cárcel sigue sin resolverse, la Policía Nacional y Policía Local han tomado el control del recinto para evitar que la situación derive en consecuencias aún más graves. Sin embargo, el problema sigue abierto y los vecinos se preguntan cuánto tiempo más tendrá que soportar Palma este escenario de inseguridad permanente.