61 detenidos por falsificar papeles para regularizar a más de 5.000 inmigrantes ilegales

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, asentada principalmente en Zaragoza, dedicada a facilitar documentación falsa a inmigrantes ilegales para regularizar su situación administrativa en nuestro país. La operación se ha saldado con 61 detenidos, de origen español, argelino y marroquí. La Policía estima en más de 5.000 los inmigrantes ilegales beneficiados por la actividad de esta organización.

Tanto policías como guardias civiles están advirtiendo que la regularización masiva sin antecedentes penales que planean el Gobierno y Podemos «es un riesgo». Inmigrantes ilegales argelinos y marroquíes están pidiendo sus antecedentes policiales en España para hacer creer que viven aquí, según ha revelado a OKDIARIO el sindicato Jupol, denunciando el «fraude masivo» que ha desatado esta regularización extraordinaria y que supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves.

Esta semana también se ha conocido que el Gobierno de Pedro Sánchez dará protección médica «prioritaria» a los extranjeros ilegales sólo con la presentación de una petición de «protección internacional o temporal». No necesitarán que se les otorgue este derecho, sino que bastará con la solicitud, más allá de que cumplan con los requisitos para que se les considere como tal.

Esta organización desmantelada por la Policía, asentada principalmente en Zaragoza, llegaba a cobrar hasta 10.000 euros por la falsificación de documentos. En concreto, los pagos exigidos por la prestación de estos servicios oscilaban entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio, y 500 euros por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación asociada.

Del total de detenidos, 18 son miembros de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red clientelar. Los arrestos se han producido en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (dos), Huesca (dos) y Teruel (uno).

La operación, bautizada con el nombre de Domus, han sido desarrollada agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza (PP).

Recientemente, la Policía Nacional también ha desmantelado en Tarragona una red de familias extranjeras que hacían pasar a sus hijos por menores no acompañados (menas) para que el Estado español asumiera su tutela, ocasionando un fraude de al menos 1,58 millones de euros. Esta operación, bautizada como AME, se saldó con 30 detenidos y 22 menores devueltos a sus padres.

Incremento significativo de solicitudes

La investigación se inició tras detectar un incremento significativo en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal formuladas por ciudadanos en situación irregular de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes, la Policía detectó la aportación de documentación carente de autenticidad, destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de este tipo de autorizaciones.

Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar la existencia de una organización criminal de carácter internacional asentada en España, principalmente en la provincia de Zaragoza, con ramificaciones en otras provincias, como Alicante, Murcia y Huesca.

Esta red se dedicada a captar ciudadanos en situación irregular de diferentes nacionalidades y guiarlos en todos los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización administrativa. Para ello, la organización recurría sistemáticamente a la falsificación de documentos esenciales para la presentación de las solicitudes

La organización contaba con una extensa red de colaboradores encargados de identificar y captar a ciudadanos extranjeros ya asentados en territorio nacional que buscaban regularizar su situación administrativa. Les ofrecían la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia, incluso sin necesidad de desplazamiento físico, mediante el envío de copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias y la obtención de certificados médicos, entre otros documentos utilizados para simular el cumplimiento de los requisitos legales.

Empadronamientos y contratos de trabajo falsos

Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos empleaban varios métodos, «desde la presentación de falsificaciones de documentos de identidad y las autorizaciones de los propietarios de los domicilios donde empadronaban, hasta el conocido método llamado lookalike, mediante el cual se presentaban individuos con parecido físico a la persona a empadronar, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español», detalla la Policía.

Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena –incluidos pasaportes– percibiendo cantidades económicas adicionales por dicha actividad.

Asimismo, los investigadores han detectado la existencia de «empresas pantalla utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización, así como para formalizar contratos laborales inexistentes y tramitar altas en la Seguridad Social que eran anuladas pocos días después, con el único propósito de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia».

Cooperación institucional

La Dirección General de la Policía ha informado que para el desmantelamiento de la organización criminal «ha resultado esencial la estrecha y continuada colaboración» del Ayuntamiento de Zaragoza, «cuya intervención permitió dotar a las unidades investigadoras de todos los medios materiales y documentales necesarios para el adecuado desarrollo de las diligencias policiales».

Gracias a esta cooperación institucional, «se agilizó de manera significativa la obtención de información relevante, así como la localización, identificación y posterior detección de la totalidad de los individuos presuntamente implicados en la trama delictiva investigada».

«La coordinación entre los servicios municipales y los equipos policiales especializados constituyó un elemento determinante para asegurar la eficacia operativa, garantizar la integridad de la investigación y posibilitar la neutralización completa de la estructura criminal objeto de la actuación», concluye.