El PP frena la regularización de ilegales con una enmienda a la Ley de Multirreincidencia en el Senado

El Grupo Popular en el Senado ha presentado una batería de enmiendas a la Ley de Multirreincidencia para evitar que la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez se convierta en un «coladero» de ilegales en el país. En concreto, han aprobado añadir a la ley propuesta de Junts la reforma, entre otras, de la Ley de Extranjería.

La norma del grupo independentista, que seguirá su tramitación parlamentaria, está a la espera de pasar por el Pleno de la Cámara Alta para que se pronuncie sobre las enmiendas que todos los grupos -PP, PSOE y Vox-, han presentado en la Comisión de Justicia y donde muchas de ellas han resultado rechazadas.

No obstante, al haber introducido ya algunos cambios en la tramitación en el Senado, la iniciativa deberá volver al Congreso de los Diputados para validar o rechazar las enmiendas que han sido introducidas ya por los distintos grupos en el Senado.

El equipo que pilota la portavoz de los populares, Alicia García, quiere con su medida frenar por ley la regularización masiva de migrantes que tengan antecedentes penales en España o en otros países. Así, mediante las enmiendas introducidas en el Senado, sostienen en el PP que contribuyan a la mejora del texto aprobado y a la «seguridad pública y la prevención de la reiteración delictiva, a fin de evitar que subsistan espacios de impunidad no cubiertos por la legislación vigente».

«La multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo», sostienen en el PP.

Es por ello que, apuntan, hayan planteado en el Senado que todas las autorizaciones de residencia «precisen que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia». También proponen denegar la solicitud de estancia o residencia «cuando el solicitante haya sido condenado ejecutoriamente como reincidente».

En otro orden, los populares han pedido también que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno ya iniciados no puedan ser suspendidos «en ningún caso» por una solicitud que se base en la regulación anunciada por el Gobierno central.

Asimismo, también han incorporado una mejora a la redacción introducida en el Congreso del conocido como «petaqueo» a propuesta de la Fiscalía Antidroga y un refuerzo de la planta de fiscales, «ya que el texto solo recogía un refuerzo de jueces».

El arraigo en el aire

La propuesta de los populares pretende evitar a todas luces que las personas extranjeras condenadas por delitos puedan evitar su expulsión alegando tener vínculos de arraigo en España. Esto es una residencia prolongada, la integración social o la existencia de familiares en el país.

Según han confirmado desde el PP en un comunicado, habían propuesto a los de Santiago Abascal una enmienda transaccional para eliminar el arraigo como excepción a la expulsión de inmigrantes. En concreto, habían planteado modificar la enmienda número 2 de Vox, que se refiere al artículo 89.4 del Código Penal (CP), en el que dice textualmente: «No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personas del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada».

Los populares, en cambio, habían propuesto sustituir ese punto por otro texto que eliminaba la figura del arraigo como excepción a la expulsión. El texto, por su parte, quedaría redactado del siguiente modo: «No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, la expulsión resulte notoriamente desproporcionada».

Expulsar si se delinque por segunda vez

Tal y como reveló en primicia OKDIARIO el pasado 3 de marzo, Vox propuso a través de una de sus enmiendas a la ley expulsar a todos aquellos inmigrantes que hubieran delinquido por segunda vez «sea el delito que sea». Así, cuando el primer delito cometido llevara aparejada una pena superior a un año de prisión, debía activarse de manera inmediata el procedimiento de expulsión.

El de Vox venía a ser un cambio significativo en el CP actual, dado que hasta ahora, aquellos inmigrantes reincidentes solo pueden recibir una orden de expulsión si la pena impuesta es superior a un año. La medida, no obstante, sostienen en el grupo, acabaría con la impunidad ante delitos catalogados como menores, por ejemplo, hurtos.

Tras la votación de este martes, critican que el PP ha insistido dentro de  la Comisión de Justicia en querer «mantener la figura del arraigo» para evitar las expulsiones de territorio nacional de ilegales que, por contra, hayan reincidido en la comisión de algún tipo de delito. Recuerdan además la intención de los de Abascal de haber querido retirar citado párrafo del articulado que habla del arraigo para hacer que la norma fuera más garantista.