El Congreso aprueba aumentar el castigo a la multirreincidencia tras ceder el PSOE ante el PP, Vox y Junts

El PSOE ha cedido ante el PP, Vox y Junts y finalmente, con la abstención de ERC, han aprobado en el Congreso la ley que castiga la multirreincidencia con hasta tres años de prisión. La votación se ha producido este jueves en la Cámara Baja.

La reforma del Código Penal, a propuesta de Junts, consiste en endurecer las penas por hurtos y por robos reiterados desde uno hasta tres años de prisión en los casos en que se produzca una reincidencia reiterada en al menos tres ocasiones. En la norma, además, se hace especial hincapié en el hurto de teléfonos móviles. La formación del ex president fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, busca agilizar la ejecución de las penas y permitir que los ayuntamientos actúen como acusación.

Entre otras medidas incluidas, está endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa. Prevé la condena de entre uno y seis años de cárcel a los delincuentes que hayan estafado una cantidad menor a 400 euros cuando sean multirreincidentes, es decir, que tengan tres condenas por dicho delito.

También se tipifica como delito la práctica del petaqueo, como se conoce al uso de embarcaciones petaqueras o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las petacas, a las narcolanchas. Esta nueva norma también afectará a los robos en el campo de material y herramientas.

Desde que esta norma entre en vigor, los jueces que investiguen los delitos cometidos a través de internet podrán retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero. Por otro lado, también permitirá a los magistrados pedir la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.

Apoyo amplio del Congreso

La votación se ha saldado con 302 apoyos, 36 en contra y 8 abstenciones. Podemos, Sumar y Bildu han rechazado la norma. De esta forma, se aprueba la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles.

Ahora, el Senado tendrá que pronunciarse. Según lo previsto, la reforma podrá ser avalada por la Cámara Alta durante el mes de febrero. Esta es una de las cesiones que Junts ha conseguido arrancar al Gobierno de Sánchez a cambio de mantenerlo en el poder por más tiempo y tratar de recomponer relaciones con la formación que preside Puigdemont.

Fuentes socialistas aseguraron a OKDIARIO que durante la tramitación de la norma se ha conseguido «limar» las diferencias que el partido de Sánchez mantenía con Junts. Esos trabajos se desarrollaron «en tiempo récord», porque el PSOE tenía «prisa por dar salida a una iniciativa que Junts propuso en 2024 y que había estado durmiendo desde entonces».

Gestos del Gobierno a los socios

Se trata de un nuevo gesto del Ejecutivo socialista a sus socios después de que en las últimas semanas haya aprobado la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales. PSOE y Podemos acordaron una regularización masiva de inmigrantes que llegó al Consejo de Ministros al día siguiente.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.