El Gobierno instruye a los inmigrantes sobre la regularización masiva en sedes del PSOE

A falta de la entrada en vigor del real decreto de inmigración, el Gobierno ya prepara la regularización masiva, con la que prevé beneficiar a más de medio millón de inmigrantes irregulares. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reunió el pasado 4 de febrero con varias entidades de inmigrantes. Lo hizo en la sede del PSOE de Madrid, que lidera.

Durante el encuentro, según ha podido saber OKDIARIO, las asociaciones trasladaron a López, quien fuera director de Gabinete de Pedro Sánchez, varias dudas sobre la regularización exprés de inmigrantes que echará a andar, previsiblemente, a principios de abril. En la reunión participaron además responsables de inmigración del Partido Socialista. Según los participantes, «se aclararon algunas dudas sobre la medida».

La regularización sólo exige dos requisitos: acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y llevar residiendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Esa acreditación no requiere estar empadronado, pues servirá cualquier tipo de documento, como una cita médica, un título de transporte, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

El segundo requisito es carecer de antecedentes penales, aunque bastará con presentar una simple «declaración responsable», que el Gobierno no verificará o, al menos, el borrador del real decreto no explicita comprobación alguna. Se trata de la regularización que exige condiciones más laxas a sus potenciales beneficiarios de entre todas las aprobadas en España. 

OKDIARIO ya reveló que la impulsora del proceso de regularización, Pilar Cancela -secretaria de Estado de Migraciones-, fue durante siete años la responsable de Políticas Migratorias y del PSOE Exterior en la Ejecutiva Federal socialista.

Desde este puesto, se encargó de pedir abiertamente el voto para el partido de Pedro Sánchez, encabezando campañas para animar a los extranjeros residentes en España a votar en las elecciones municipales o reuniéndose con colectivos de emigrados. Cancela mantuvo una intensa actividad de promoción de la autodenominada Ley de Memoria Democrática, ofreciendo charlas en las sedes socialistas en el exterior para instruir a los descendientes de exiliados sobre los trámites para adquirir la nacionalidad.

«No se lleva a cabo una regularización para que la gente nos vote. Se hace para que las personas vivan con dignidad y derechos construyendo país», ha escrito estos días en sus redes sociales.

Siendo secretaria de Políticas Migratorias del PSOE, Cancela encabezó campañas para pedir el voto de los extranjeros residentes en España, alertando sobre la necesidad de que «la voz de este colectivo, a través del voto, se oiga alto y claro en respuesta a los discursos xenófobos y racistas provenientes de corrientes de extrema derecha que quieren socavar los derechos de los y las extranjeras en nuestro país».

«Declaración responsable»

El requisito sobre los antecedentes penales ha generado las críticas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al permitir a los inmigrantes justificarlo con una simple «declaración responsable».

Así, el texto del real decreto establece que si el inmigrante «acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».

«En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países».

Esa declaración de antecedentes penales permitirá, no obstante, regularizar a inmigrantes que estén aún inmersos en procesos judiciales de distinta índole, pendientes de resolver. Por otro lado, no serán expulsados salvo en caso de cometer delitos cuya pena de cárcel sea superior a un año, según regula el Código Penal.