Los inmigrantes ilegales con delitos podrán ser regularizados si actuaron en «estado de necesidad»

El Gobierno sólo impone dos requisitos a los inmigrantes irregulares para ser regularizados en el proceso exprés impuesto por real decreto. Se beneficiarán todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran al menos cinco meses en España. También tendrán que demostrar que carecen de antecedentes penales. El texto del real decreto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, matiza que «la exigencia de carecer de antecedentes penales salvaguarda los intereses de la sociedad española, prestándose especial atención a aquellos delitos especialmente relevantes, sin perjuicio de la preservación de la situación jurídica de las personas que hayan podido actuar en estado de necesidad». 

Los inmigrantes tendrán que acreditar que carecen de antecedentes penales en España y en los países anteriores en los que hayan residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España.

El texto, que sorteará el control del Congreso, determina en este punto que «en caso de que los antecedentes penales en España fueran cancelables, el órgano competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que, antes de emitir resolución del procedimiento, se proceda a su cancelación».

Igualmente, el Gobierno instruirá a los inmigrantes para que puedan cancelar sus antecedentes penales, de forma que «la Administración General del Estado requerirá al solicitante para que, antes de emitir resolución del procedimiento, se proceda a la cancelación de los mismos». Se añade que el solicitante no podrá «representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública».

Los inmigrantes irregulares que se encuentren en estas condiciones podrán presentar sus solicitudes de regularización desde abril y hasta el 30 de junio. La medida afectará a más de medio millón de inmigrantes. Además, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de 5 años.

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

«Declaración responsable»

Igualmente, el decreto establece que si el inmigrante «acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».

«En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países».

Acusados de delitos

Uno de los criterios para la regularización en la ausencia de antecedentes penales permitirá regularizar a inmigrantes que estén aún inmersos en procesos judiciales de distinta índole, pendientes de resolver. Por otro lado, no serán expulsados salvo en caso de cometer delitos cuya pena de cárcel sea superior a un año, según regula el Código Penal.

Desde el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, avisan que «en la práctica, una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar todavía con antecedentes, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse».

«La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación», alertan. Esto obliga a «extremar las comprobaciones, cruzar información con bases de datos policiales nacionales e internacionales y realizar verificaciones adicionales que consumen tiempo y recursos. Si no se refuerzan de forma inmediata las plantillas y los medios tecnológicos, el riesgo es que estas comprobaciones se vean limitadas por pura falta de capacidad material».

«Efecto llamada»

El Gobierno ha publicado un manual de preguntas y respuestas sobre el real decreto, en el que rebate algunas de las críticas surgidas en los últimos días.

Por ejemplo, rechaza que se pueda producir un efecto llamada, pues el decreto, argumenta, «fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes».

«Además, España cuenta hoy con un Reglamento de Extranjería moderno y eficaz, que refuerza las vías regulares, seguras y ordenadas», prosigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que opina que «decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas. Regularizar es cortar ese negocio».

840.000 inmigrantes irregulares

Un reciente informe de Funcas –Fundación de las Cajas de Ahorros– estima que unos 840.000 inmigrantes viven en España en situación administrativa irregular, lo que significa un 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios.

Estos datos apuntan a un crecimiento notable y sostenido del número de inmigrantes en situación irregular desde 2017, cuando la cifra ascendía a unos 107.000.

Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería, que entró en vigor en mayo del 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo, por lo que «tendería, en principio, a reducir la cifra de irregulares».

Sin embargo, Funcas precisa que, si mantienen las dinámicas actuales, aunque se cumplieran las estimaciones del Gobierno –que la nueva normativa permita regularizar a 900.000 personas en tres años– el número de inmigrantes en situación irregular no disminuiría, sino que se estabilizaría.

El centro de análisis de Funcas llama la atención sobre la «escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características».