El Tribunal de Cuentas hace la vista gorda con un contrato irregular del socio de Begoña por presiones del Gobierno

El Tribunal de Cuentas borró un contrato de Innova Next, empresa de Juan Carlos Barrabés -socio de Begoña Gómez en la Complutense- fiscalizado en su último informe sobre la contratación de la entidad pública Red.es. La propia secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz -próxima a Pedro Sánchez desde su primera etapa como secretario general del PSOE- fue muy crítica con la fiscalización de ese contrato, y reclamó abiertamente que no figurase en el informe final.

González Veracruz fue durante años una cara visible en apoyo a Pedro Sánchez en Ferraz. Tras alejarse temporalmente de la política, en 2022 fue nombrada secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Desde 2024, su cargo es de secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La dirigente socialista llegó a la política apadrinada por Rodríguez Zapatero, permaneció con Rubalcaba y, más tarde, con Sánchez, formando parte de su primera ejecutiva. En las primarias de 2017 apoyó a Patxi López y dos años después se retiró de la primera línea. No obstante, el presidente del Gobierno la recuperó más tarde para formar parte del Ejecutivo.

Contrato de 2,3 millones

Como ya reveló OKDIARIO, el Tribunal de Cuentas incluyó un contrato adjudicado a Innova Next, empresa de Barrabés, y con un importe de 2,3 millones, en el borrador del informe de fiscalización sobre la contratación de Red.es.

La entidad pública está en el punto de mira por su vinculación con el socio de Begoña Gómez -gurú de su cátedra en la Complutense-, a quien concedió dos contratos por importe de más de 10 millones tras sendas cartas de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez. Por este asunto, Gómez y Barrabés están imputados por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El contrato en cuestión consistía en un servicio de apoyo y asesoramiento a la Oficina Acelera Pyme, para la puesta en marcha del llamado kit digital de ayuda a la digitalización de las empresas.

Fue adjudicado en 2021. El Tribunal de Cuentas detectó una batería de irregularidades, como la ausencia de «ponderación de los subcriterios» para valorar las distintas ofertas, lo que, advirtió, ampliaba la «discrecionalidad» del órgano de contratación, en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.

También señaló la ausencia de una mesa de expertos para valorar las propuestas y el sobrecoste de varios eventos organizados por Barrabés y que no se corresponderían con el precio estipulado por contrato.

Innova Next se adjudicó ese contrato superando en apenas cinco décimas a sus competidores. No presentó la oferta más ventajosa económicamente.

En las alegaciones al Tribunal de Cuentas, firmadas por González Veracruz, Red.es fue rebatiendo punto por punto. Pero, además, rechazó expresamente que se fiscalizase el contrato, esgrimiendo que no estaba financiado por el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como era el objeto de la fiscalización.

«Resulta improcedente la inclusión del expediente 044/20 ED en el ámbito del informe de fiscalización, por cuanto dicho procedimiento no se va a financiar con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), como se ha puesto de manifiesto a los auditores a lo largo de la auditoría», se recoge en las alegaciones al informe de fiscalización.

El Tribunal de Cuentas había seleccionado este contrato para analizar el cumplimiento de la normativa de contratación por parte de Red.es. El máximo órgano fiscalizador alegó principalmente su elevado importe «de algo más de dos millones de euros».

Red.es se quejó de que este argumento carecía «del rigor formal exigible» y que el Tribunal de Cuentas no aportaba «una motivación válida de la selección del expediente». 

Habló también de «sintaxis imprecisa y expresiones vagas (algo más de dos millones de euros), empleando formulaciones que dificultan la trazabilidad («se seleccionó»), de modo que el texto no satisface los estándares mínimos de claridad, precisión y completitud que deben presidir la motivación de una decisión de muestreo».

«Selección ‘ad hoc’»

«En definitiva, se está desviando el propósito declarado de la muestra hacia un caso aislado seleccionado ad hoc, sin justificación metodológica suficiente, y mezclando una revisión de contratación general con una fiscalización PRTR», se insistió desde Red.es, acusando incluso al Tribunal de Cuentas de «exceder el mandato de fiscalización, introduciendo un elemento de distorsión jurídica y contable, comprometiendo la coherencia, precisión y legalidad del contenido del informe en cuanto a su delimitación objetiva».

«Tal incorporación vulnera los principios de seguridad jurídica, objetividad y congruencia, al extender sin base normativa el control a expedientes fuera del marco presupuestario y finalista del MRR», prosiguió la entidad, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital.

No es la primera vez que un organismo fiscalizador advierte de las irregularidades en contratos concedidos a Barrabés.

Otro informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) -organismo dependiente de Hacienda- ya advirtió de una adjudicación «arbitraria» fruto de una «actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad». En definitiva, «incumpliendo la ley».