El Gobierno regulariza inmigrantes que se declaran «víctimas de violencia sexual» aunque no haya condena

Entre 2024 y 2025, el Gobierno regularizó a 15.000 inmigrantes a través de una previsión del Reglamento de Extranjería que permite acceder a permisos de residencia a las mujeres que acrediten haber sido víctimas de violencia de género o sexual. El Ejecutivo ha ampliado las formas de acreditación, sin necesidad de sentencia firme, con el objetivo de que las mujeres accedan a los recursos «ya que no siempre es posible identificar al agresor/a sexual ni localizar al mismo/a para cumplir con el procedimiento judicial establecido».

Más allá de la existencia de una sentencia condenatoria, el Gobierno permite acreditar una situación de violencia en el caso de mujeres que no hayan presentado denuncia previa, aquellas cuyo procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, quienes hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté en trámite, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por cualquier causa. También en el caso de las mujeres con sentencia absolutoria o que no hayan podido probar la existencia de violencia; a las que se haya denegado la orden de protección o la adopción de medidas cautelares, o para las que estas hayan quedado inactivas, y cuando existan antecedentes de denuncia o retirada de la misma.

Estas acreditaciones facilitan el acceso a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal.

El Gobierno, a través de una pregunta por escrito en el Congreso, admite que esa ampliación de las formas de acreditación permite que las mujeres accedan a los recursos «ya que no siempre es posible identificar al agresor/a sexual ni localizar al mismo/a para cumplir con el procedimiento judicial establecido».

Alega que «con este tipo de medidas se trata de garantizar la atención integral a la víctima y el acceso a los recursos, priorizando su protección y derechos y evitando una situación de mayor vulnerabilidad».

El Ejecutivo resuelve así una pregunta de Vox en la Cámara Baja, en la que el partido se interesaba por «los motivos que justifican que se haya decidido permitir la acreditación de víctimas de violencia sexual sin denuncia previa, habiendo sido la denuncia sobreseída o archivada o en los casos en los que el procedimiento judicial no haya concluido».

El Gobierno no aclara cómo pretende garantizar que «este nuevo sistema de acreditación no se convierta en una vía de acceso automático a la residencia sin verificar adecuadamente la existencia real de los hechos alegados».

Tampoco explica «qué controles existen para detectar casos en los que se obtenga la residencia por violencia sexual y posteriormente se demuestre que no existió tal delito».

Del mismo modo, el Ejecutivo deja sin respuesta de qué medidas dispone para «garantizar la fiabilidad de las acreditaciones de víctima de violencia sexual otorgadas por los servicios sociales».