30 detenidos en Tarragona por hacer pasar a sus hijos por menas para que el Estado cubra sus necesidades

La Policía Nacional ha desarticulado en Tarragona una red de familias extranjeras que hacían pasar a sus hijos por menores no acompañados (menas) para que el Estado español asumiera su tutela, ocasionando un fraude de al menos 1,58 millones de euros. La operación, bautizada como AME, se ha saldado con 30 detenidos y 22 menores devueltos a sus padres.

La investigación se inició en 2023 y ha destapado cómo familias inmigrantes traían a sus hijos menores a España con visados de turismo tipo C, de una o múltiples entradas, obtenidos a pesar de los estrictos requisitos de solvencia económica exigidos.

Una vez en territorio nacional, estos menores eran abandonados intencionadamente cerca de comisarías, centros de menores u otros organismos públicos, según informa la Dirección General de la Policía Nacional.

Siguiendo instrucciones de sus progenitores, los menores «se declaraban en situación de desamparo para activar el sistema de protección y ser ingresados en centros tutelados».

El objetivo era que las instituciones públicas asumieran los gastos de manutención, educación y asistencia sanitaria de los menores y facilitaran una futura reunificación familiar y la obtención de permisos de residencia.

Dos perfiles de familia

La Policía Nacional ha identificado dos perfiles de familias implicadas. Por un lado, progenitores con nivel adquisitivo medio-alto y varios visados Schengen que abandonan a los menores y regresan a su país, manteniendo visitas programadas a los centros.

La segunda tipología incluye a padres con menor capacidad económica que, tras instruir a sus hijos, permanecen en España y mantienen contacto telefónico con ellos.

Hasta 140 euros al día supone mantenerlos

La Policía Nacional destaca que esta práctica fraudulenta «no sólo desvirtúa el sistema de protección de menores, sino que también supone un alto coste para la administración». El mantenimiento de estos supuestos menores no acompañados, incluyendo mayores de 18 años, puede oscilar entre 31 y 140 euros al día, según indica.

La operación se ha desarrollado en colaboración con la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de Tarragona, que ha  remitido a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) informes de menores ingresados que podrían estar en esta situación fraudulenta, permitiendo a la UCRIF recopilar información detallada sobre su entrada al país y localizar a los progenitores.

Hasta el momento, se han detectado 124 expedientes de menores en centros de protección de la provincia que podrían estar vinculados a este tipo de fraude. De ellos, 109 han sido analizados y se han tramitado 28 atestados.

Los padres localizados han sido detenidos por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración. Además, se están cuantificando los gastos acarreados por estos menores mientras estuvieron bajo la tutela de la Administración para incluirlos en el atestado final. Las investigaciones continúan activas para el resto de los expedientes.

La Policía Nacional no ha facilitado las nacionalidades de los implicados.