Sánchez envía 54 menas más a Alicante y obliga a invertir 900.000 € en alojarles en lugar de en la DANA

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha tenido que activar con carácter de emergencia y un coste de 855.048 un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) para acoger a otros 54 menores no acompañados (menas) remitidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El Consell ha habilitado para ello el albergue del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Sierra Mariola, en la localidad de Muro de Alcoy, en Alicante, con capacidad para 60 menores. Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

La activación de estos 855.048 euros supone un monumental esfuerzo para el Consell, infrafinanciado desde el Gobierno de España, sin haber recibido el Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario (FLA), reclamado a Sánchez en multitud de ocasiones, y llevando a cabo una enorme tarea de recuperación tras la DANA del 29 de octubre de 2024. Y, además, con necesidad de disponer de más recursos económicos para familias, autónomos y pymes afectados por la riada para que su ayuda siga fluyendo frente al lento ritmo por parte del Gobierno de España.

Desde enero, el Gobierno valenciano ha atendido a un total de 968 nuevos menas. Es decir, un 8% más que en todo 2024, cuando la sobreocupación de los centros destinados a menores no acompañados ya alcanzaba el 160% del sistema de acogida valenciano para este grupo de edad.

La llegada de estos 54 nuevos menas a la Comunidad Valenciana se produce después de que la Generalitat haya interpuesto un recurso contra el denominado decreto de capacidad, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre. Ese decreto establece el número de menores inmigrantes no acompañados (menas) procedentes de Canarias que corresponden en el reparto de los mismos a cada una de las Autonomías. En el caso de la valenciana son 1.717. El recurso del Consell de Mazón solicitaba la suspensión cautelar del citado decreto, entre otras cuestiones, hasta que los tribunales decidan sobre el fondo del citado recurso.

Como publicó OKDIARIO el 9 de octubre, el caso de la política del Gobierno de España con la inmigración ilegal está generando situaciones  impensables hace algún tiempo, como que una autonomía envíe a otra expedientes de menores no acompañados (menas) para su acogimiento en esta última, cuando los jóvenes tienen familia en su Comunidad de origen o en una tercera, pero no en la Valenciana, a donde no quieren ir. Y también casos de menores con trabajo en la autonomía de origen que, por ese motivo, no quieren abandonar.

Aquel 9 de octubre, la Consellería de Servicios Sociales había detectado hasta 13 menores con familias en otras autonomías entre los 47 expedientes que les habían sido enviados hasta entonces desde Canarias (28), Ceuta (15) y Melilla (4). Entre ellos, tres hermanos que no estaban conformes con su reubicación y solicitaban quedarse en Melilla por la proximidad de la familia de origen. Además, en alguno de los casos constaba que el menor tenía trabajo. Y, a pesar de ello, se decidía trasladarlo.