Suiza rechaza levantar el embargo a una empresa de la red del testaferro de Zapatero de Plus Ultra

La Cámara Penal de Recursos de Ginebra ha rechazado el recurso presentado por la propietaria de Kaimana Sàrl, empresa vinculada a la trama del rescate fraudulento de Plus Ultra que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su presunto testaferro Julio Martínez Martínez. 

En paralelo al procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Suiza mantiene abierto desde 2021 otro caso. Se trata de una investigación por blanqueo que alertó a la Fiscalía Anticorrupción española. OKDIARIO profundiza en esa parte de la investigación judicial que corre a cargo de las autoridades helvéticas.

Fuentes de la Fiscalía Pública de Ginebra explican a OKDIARIO que el procedimiento sigue abierto. La última decisión al respecto de la fiscal presidente de la Cámara Penal de Recursos del cantón de Ginebra confirma el embargo de las cuentas bancarias de la empresaria francesa investigada por blanqueo de capitales relacionado con el desvío de fondos públicos venezolanos y las ventas irregulares de oro del Banco Central de Venezuela en el marco del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la controvertida aerolínea Plus Ultra.

La sociedad recurrente, representada por un abogado suizo, había solicitado la anulación de la orden de embargo ordenada en junio de 2024. Argumentaba que el Ministerio Público ginebrino había vulnerado su derecho de defensa y que carecía de pruebas suficientes sobre su implicación en actividades delictivas.

El tribunal suizo ha desestimado estos argumentos y mantiene bloqueados los fondos mientras continúa la instrucción por presuntos delitos de blanqueo de capitales agravado.

Conexión con Plus Ultra

El caso se remonta al 1 de octubre de 2021, cuando la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Capitales (MROS) presentó una denuncia al Ministerio Público suizo. La comunicación alertaba sobre sospechas de blanqueo relacionadas con «hechos de corrupción y/o malversación de fondos públicos» cometidos presuntamente en Venezuela.

Según el escrito judicial, la investigación señala que los fondos habrían sido desviados del programa CLAP (Comités Locales de Aprovisionamiento y Producción), lanzado en 2016 por Nicolás Maduro –hoy preso en Nueva York– para proporcionar alimentos a los más desfavorecidos. Este programa ha sido objeto de múltiples denuncias internacionales por corrupción.

La empresaria francesa investigada habría recibido entre enero de 2019 y abril de 2020 tres transferencias por valor de un millón de euros, 994.356 euros y 750.000 euros respectivamente. Estas cantidades habrían transitado por cuentas bancarias vinculadas a la red investigada.

Las autoridades suizas también investigan ventas de oro «potencialmente ilegales» por valor de 30 millones de dólares efectuadas por el Banco Central de Venezuela a otra sociedad.

Blanqueo agravado

El 6 de octubre de 2021, el Ministerio Público ginebrino abrió formalmente una instrucción contra la propietaria de la empresa Kaimana Sàrl y tres coimputados por blanqueo de capitales –se trata de los peruanos hermanos Bacca, investigados en España y una mujer–. Se les acusa de haber establecido «esquemas financieros utilizados para blanquear capitales» procedentes de desvíos de fondos públicos venezolanos.

Junto con los hermanos Baca en Plaza de Castilla está investigado Julio Martínez Martínez Julito, amigo y presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ese empresario habría colaborado con los Baca en el uso del rescate del Gobierno español para blanquear fondos robados en Caracas. Ese empresario alicantino contrató a las hijas de Zapatero.

Los investigados habrían participado en operaciones destinadas a invertir «sumas muy importantes en diversas clases de activos, con gran preocupación por la discreción».

Declaraciones

Durante las audiencias celebradas en noviembre de 2022 y marzo de 2023, los cuatro investigados negaron todos los hechos imputados. La propietaria de la empresa Kaimana Sàrl fue interrogada sobre su actividad como gerente de esta sociedad de responsabilidad limitada con sede en Ginebra.

Según el extracto del registro mercantil, Kaimana Sàrl tiene como objetivo «Ofrecer todo tipo de servicios tanto a particulares como a empresas en español» relacionadas con organización administrativa y servicios de conserjería. En los últimos días varios medios informan que ha iniciado su procedimiento de liquidación, lo cual será imposible mientras tenga sus activos intervenidos por la Justicia suiza.

La investigación ginebrina se ha acelerado en 2024 tras información transmitida por el Ministerio Público de Francia contra Delitos Económicos. Las autoridades galas revelaron una posible actividad de blanqueo «a mayor escala» vinculada a delitos de iniciados.

Según el informe de la Autoridad de Mercados Financieros francesa, el marido de la investigada y un socio habrían realizado «transacciones particularmente oportunas sobre un cierto número de títulos franceses alrededor de anuncios importantes», lo que sugería acceso regular a información privilegiada.

El dúo habría recurrido a un intermediario financiero establecido en la africana isla de Mauricio «con el fin de disimular sus actividades en los mercados». En 2020 constituyeron una sociedad en ese país perdido en el océano Índico que proporcionaba servicios de gestión de patrimonio.

Conexión con Zapatero

Las investigaciones también han revelado conexiones con España. El caso Plus Ultra, donde Zapatero, según José Luis Ábalos en OKDIARIO, ejerció presiones para lograr el polémico rescate de 53 millones de euros, habría servido como vehículo para blanquear parte de estos fondos de origen venezolano.

Como hizo en España la UDEF, la fiscalía ginebrina realizó registros simultáneos en octubre de 2024 en el domicilio de uno de los coimputados y en varias sociedades. Las autoridades suizas también han solicitado asistencia judicial a Francia y han intercambiado información con España sobre la trama.

En su recurso, la propietaria de Kaimana Sàrl alegaba que ningún documento demostraba su «implicación directa en eventuales transacciones dudosas» y que, de haber recibido valores de origen delictivo, lo habría hecho con total desconocimiento.

El tribunal ha desestimado estos argumentos. Considera que existen «sospechas suficientes» para mantener el embargo mientras continúan las investigaciones destinadas a clarificar la actividad real de Kaimana Sàrl y las relaciones de su propietaria con los demás implicados.

Los magistrados subrayan que las sospechas se han «reforzado» tras los elementos transmitidos por la justicia francesa. El fallo señala que «las numerosas investigaciones en curso» justifican el mantenimiento del secuestro de los fondos. La empresaria ha tenido que pagar las costas del recurso, fijadas en 1.500 francos suizos (1.616 euros).

Esta peripecia judicial representa un revés para la estrategia defensiva de los investigados en un caso que se antoja complejo y de ramificaciones internacionales. La trama evidencia cómo las redes de corrupción transnacional aprovechan opacidades del sistema financiero global, convirtiendo la miseria venezolana en pingües beneficios para una élite de intermediarios que operan desde paraísos fiscales y capitales europeas.