‘Fuera de aquí’: la campaña proetarra contra la Guardia Civil en Alsasua ya tiene su versión en Cataluña

La campaña de los satélites de ETA Alde Hemendik (‘Fuera de Aquí’) ha adquirido relieve en el marco del juicio contra los ochos acusados de dar una paliza que casi cuesta la vida a dos guardias civiles en Alsasua y que dará comienzo este lunes. Y no sólo en el mundo proetarra del País Vasco. Los independentistas catalanes están promoviendo mensajes de odio bajo un eslogan muy similar ‘Que se vayan’ sobre la silueta de un guardia civil encapuchado y esta frase: ‘Terroristas tricornudos fuera de Cataluña’.

pic.twitter.com/SB8P6gPxL0

— Terss (@Tersenn) 12 de abril de 2018

La estrategia de  Alde Hemendik  fue un encargo de la banda terrorista a los colectivos de la izquierda abertzale para fomentar la presión social sobre la Guardia Civil. Y en esa presión también incluían la violencia física, como sucedió en Alsasua. El objetivo último es «expulsar a las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y Navarra».

Hostigamiento y expulsión

Las instrucciones para llevar a la práctica esa campaña no dejaba lugar a la duda:»Txakurras en los bares no», se leía en un documento de Gestoras pro Amnistía en Pamplona. ‘Txakurras ‘(‘perros’) es  el término despectivo con que los etarras y  radicales han denominado a los miembros del Instituto Armado. Los guardias agredidos en Alsasua fueron objeto de esa estrategia de expulsión. La misma que piden los separatistas en Cataluña. Pueden llevar el sello de  Endavant (CUP), de los CDR , o de los ‘Maulets’ (jóvenes radicales vinculados a Jarrai y que defienden a los terroristas de Terra Lliure)  y sus seguidores.

FORA LA PUTA GUARDIA CIVIL DE CATALUNYA JA, JODER!

— Pol Vivó 🎗️ (@polvivo99) 10 de abril de 2018

Polizia espainiarrak eta guardia zibilak soberan daude.#AldeHemendikhttps://t.co/z0JDfY06xz pic.twitter.com/I493uXBzi7

— Sortu Donostia (@SortuDonostia) 22 de marzo de 2018

Los radicales que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional durante varias jornadas eran de Alsasua. Un escenario nada casual. Este municipio  navarro ha sido escenario privilegiado de la campaña contra las fuerzas del orden gracias a una asociación controlada por Sortu y EH Bildu: Ospa (‘Fuera’). En los últimos años se han celebrado manifestaciones escenificando supuestas torturas y en las que se han quemado banderas tricornios. Tras la intentona golpista en Cataluña, se han visto pintadas contra la Guardia Civil y esta misma semana aparecía una pidiendo ‘Fuera el cuartel’ en Travesía de Gracia, Barcelona. La firma: ‘República Catalana’.

Alsasua y la táctica proetarra

Precisamente, fueron ojeadores de Ospa los que avisaron por Whatsapp de la presencia de los dos agentes y sus parejas en Alsasua, con el mensaje «Los guardias están en el bar». Y en el lugar se presentaron de pronto decenas de personas. Entonces comenzó la paliza que casi les cuesta la vida. Un ‘pasillo de la muerte’, con golpes, patadas, puñetazos y amenazas propinados por medio centenar de proetarras.

Uno de los cabecillas gritó incluso: «¡Al sargento torturador hay que matarlo!». Algunos testigos contaban  así lo ocurrido.

El cuatripartito, con los violentos

Los grupos y asociaciones del entorno de ETA, desde sus medios e instituciones, trataron de difundir la especie de que había sido «una simple pelea de bar». Tras la denuncia del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), se puso en marcha la maquinaria ‘abertzale’ para desacreditar a las víctimas y tapar lo que fue un acto de violencia organizado. Y que ha llegado hasta las instituciones navarras, que gobierna el cuatripartito de Uxue Barcos.

El Gobierno de Navarra ha apoyado incluso con su presencia en la manifestación celebrada este sábado para apoyar a los ocho procesados. Todo ello, mientras la Fiscalía, y el Tribunal Supremo han apreciado posibles delitos de terrorismo según el artículo 573 del Código Penal y por el que los acusados se enfrentaránen la Audiencia Nacional a una petición fiscal de entre 12 y 62 años de prisión por delitos de terrorismo o, en su caso, a una pena subsidiaria de entre 12 y 30 años de cárcel.