Sánchez ignoró el plan antiómicron que la UE pidió activar ya el 26 de noviembre

El pasado 26 de noviembre, el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades de la UE (ECDC) emitió un análisis sobre la amenaza de la nueva variante ómicron. En él se alertaba de la preocupación de que pudiese «estar asociada con una mayor transmisibilidad, una reducción significativa en la efectividad de la vacuna y un mayor riesgo de reinfecciones». En este contexto, el organismo de referencia para la pandemia en Europa avisaba de que la probabilidad de una introducción y propagación comunitaria en la UE era «alta» y que «en una situación en la que la variante delta está resurgiendo en la UE, el impacto de la introducción y posible mayor propagación de ómicron podría ser muy alto». Así, instó a los gobiernos a aplicar todo un plan de medidas para reducir el impacto de esta nueva cepa, que ha situado a España en niveles históricos de contagios (41.433 diarios según el último informe de Sanidad). Entre esas medidas se destacaba principalmente a la realización de test y el refuerzo de la vacunación, que no han sido implementadas con eficacia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así, en el documento se advertía de que «la vigilancia genómica sigue siendo de suma importancia para la detección temprana de la presencia de esta variante» al permitir «el seguimiento de las tendencias epidemiológicas y orientar las medidas de contención».

«En esta temprana se recomienda encarecidamente aumentar las pruebas (con secuenciación de los casos confirmados) y el rastreo de contactos de los casos de Covid-19 con un vínculo epidemiológico en las áreas afectadas», destacaba el organismo europeo.

Más vacunas

Como ha publicado OKDIARIO, la secuenciación del virus para detectar las posibles mutaciones sigue siendo una de las tareas pendientes en España, que ocupa una posición intermedia entre los países europeos.

Asimismo, el ECDC instaba a «dar la máxima prioridad a la vacunación de las personas inicialmente objetivo que permanecen sin vacunar o aún no completamente vacunados». Y pedía además «considerar una dosis de refuerzo para los mayores de 40 años» para luego seguir con «todos los adultos de 18 años o más».

No fue en cambio hasta el pasado 16 de diciembre que Sanidad autorizó la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años, aunque insistiendo en que debía priorizarse la vacunación en personas de 12 años o en aquellas que no hubiesen recibido ninguna dosis, así como en grupos más vulnerables, es decir, los mayores de 60 años. Una semana antes, el Gobierno había aprobado la vacunación infantil.

El ECDC pedía también reforzar la realización de test, con secuenciación en los casos confirmados. Esa es la principal estrategia que defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha implementado un programa pionero de distribución de test gratuitos de antígenos en las farmacias para todos los madrileños.

Sin plan

Pese a la preocupación desde la UE por la expansión de la nueva cepa, que ha provocado una explosión de contagios también en España, no fue hasta este pasado miércoles que Pedro Sánchez convocó la Conferencia de Presidentes para abordar la situación epidemiológica.

Desde el aviso de la UE -26 de noviembre- hasta que Sánchez convocó esa cita con las autonomías -22 de diciembre- los contagios diarios se habían multiplicado ya por seis.

El socialista ha derivado una vez más en los responsables autonómicos la responsabilidad de la gestión de la crisis sanitaria. El Gobierno, sin plan frente al avance de ómicron, se ha limitado a aprobar medidas de mínimos, como la obligación de llevar mascarilla en exteriores. Una medida que no cuenta ni siquiera con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ha sido calificada por los médicos de ineficaz.

El mensaje que emana de Moncloa es que ómicron se propaga más rápido, pero con menor virulencia, y ese es el argumento al que se agarra Sánchez para eludir cualquier responsabilidad. El presidente socialista ha descartado sistemáticamente aprobar la ley de pandemias que se le ofrece desde el Partido Popular para dotar a los presidentes autonómicos de un marco de garantías jurídicas para aprobar sus medidas. La ausencia de esa ley está provocando un auténtico caos jurídico.