Junts quiere rebajar la pena a quienes ejerzan «actos de violencia» sobre las personas en los disturbios
Junts exige una reforma del delito de desórdenes públicos que baje la pena
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Referéndum y autodeterminación son las dos condiciones que Junts pone encima de la mesa para llegar a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Pero el partido del prófugo Carles Puigdemont incluye en sus pretensiones numerosas reclamaciones al futuro Gobierno. Entre ellas, la reforma del delito de desórdenes públicos, que ya fue modificado por los socialistas para complacer a ERC. A Junts esa reforma le parece insuficiente y reclama una pena más baja para quienes alteren el orden público causando violencia sobre las personas.
«El Gobierno español y ERC acordaron la derogación del delito de sedición a cambio de una reformulación de los delitos de malversación y desórdenes públicos alejada de los parámetros europeos e internacionales», subrayan los separatistas en su programa. Critican que «gracias a la mala técnica legislativa de la reforma», la Justicia «sigue persiguiendo la disidencia política acusándola de malversación y reprimir el derecho de protesta por la vía de los desórdenes públicos».
Su intención es llevar al Congreso una reconfiguración de este delito, que ya plantearon el pasado abril, aprovechando la reforma de la ley del sólo sí es sí. En una de sus enmiendas, Junts defendía una rebaja del artículo 557 del Código Penal, castigando con entre seis meses a dos años a «los que, actuando en grupo y alterando la paz pública, ejecutaren actos de violencia sobre las personas, o causaren daños a las cosas con peligro para la vida o la salud de las personas». Actualmente, las penas llegan a tres años para quienes «con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares».
«Contra la protesta»
En Junts consideran que este delito supone un «legítimo ejercicio de derechos fundamentales» y que la reforma pactada entre Sánchez y ERC «amplía la criminalización de conductas democráticas», más concretamente, «la protesta en sus múltiples variantes», incluida la violencia. Y ello «comporta la gestación de un efecto desaliento de cara al ejercicio de derechos fundamentales».
Referéndum
Más allá, la primera condición a Sánchez para apoyar una hipotética investidura será la celebración de un referéndum «acordado y vinculante», según ha expresado este mismo lunes la ex presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, en una entrevista en Telecinco.
Borrás ha explicitado que su partido no apoyará la investidura de «ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña, y eso pasa por abordar la amnistía y la autodeterminación».
«Sánchez habla de normalidad, pero cada día hay personas en los juzgados a causa del 1-O, hay espías patrióticos, policía patriótica y una cúpula judicial defendiendo a la unidad de España por encima de los principios básicos de la justicia».
El candidato socialista necesita la abstención de los siete diputados de Junts per Catalunya -además del ‘sí’ de sus socios habituales, como ERC y Bildu- para seguir en La Moncloa.
El secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Turull, ha advertido de que las negociaciones no serán fáciles y, como Borrás, ha insistido en el referéndum y la amnistía. Esta formación separatista, que perdió 140.000 votos el domingo, es más decisiva que nunca, y presume de ello, al calificar de «oportunidad de oro» la opción de condicionar el gobierno de Sánchez.