Los jueces no ven recorrido a la queja de Bolaños sobre Peinado: «Se cree por encima de la ley»

Los jueces no ven recorrido a la queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado, tras su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. 

En este sentido se pronuncian en OKDIARIO Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y Jesús Villegas, secretario general de Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ).

Javier Borrego manifiesta su «perplejidad» con que el ministro haya presentado una queja contra el juez Peinado. Le parece «un escándalo» y «absolutamente improcedente» porque «todos somos iguales ante la ley».

«Se cree que por ser tres veces ministro, está por encima de la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué un juez no puede interrogar al tres veces ministro? Eso es de ser un prepotente», sentencia, recordando que «todavía tenemos el artículo 14 de la Constitución». «Aunque el señor Bolaños sea tres veces ministro, entre ellos de Justicia, sigue siendo un ciudadano igual que otro ante la ley», recalca Borrego.

Este magistrado tampoco da crédito a que el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, haya abierto diligencias informativas ante la queja de Bolaños. Considera que «se tendrían que cerrar en 24 o 48 horas porque no tienen ni pies ni cabeza». «Si continúan adelante, apaga y vámonos», apunta.

«Prepotencia» de Bolaños y Sánchez

Javier Borrego hace hincapié en que el juez Peinado «no faltó al respeto a Bolaños». «La prepotencia es horrible porque destruye el Estado de Derecho y la convivencia», declara en relación a Bolaños y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien afirma que «se está cargando todo lo que puede y se le pone por delante» Sin embargo, cree que la ley bolaños «no va a salir adelante, porque es una barbaridad jurídica». «Si saliera, nos llamarían Españozuela», agrega.

Borrego también pone la lupa sobre otro hecho «sorprendente» que ha ocurrido a Peinado, como es que fue a través del promotor de la acción disciplinaria que tuvo conocimiento de que el Supremo archivó el pasado 15 de julio su exposición razonada en la que le pedía que investigara al ministro por falso testimonio y malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Algo que el juez Peinado indicó en su auto del pasado lunes en el que imputó a Begoña Gómez un delito de malversación.

«El 16 de abril fue la testifical de Bolaños, que molestó muchísimo al ministro y fue absolutamente desagradable desde el comienzo hasta el final. A finales de junio, con bastante retraso, se quejó de cómo fue aquella declaración y el 29 de julio, después del auto del Supremo rechazando la exposición razonada y el intento de proceder contra Bolaños fue cuando repitió por segunda vez su queja. Entonces, parece ser que en agosto, el promotor de la acción disciplinaria se preocupa de estas cosas, algo que sorprende», indica el magistrado Javier Borrego.

Preguntado sobre si Ricardo Conde está obligado a abrir diligencias informativas siempre, indica que «no es habitual cuando no hay sustancia, como ocurre en este caso». Fuentes ministeriales han declarado a Europa Press que la voluntad del ministro ha sido no hacer públicas sus quejas, y que su intención es que sus denuncias sirvan para evitar que continúen «comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la Justicia».

A este respecto, el magistrado Javier Borrego indica que «antes de barrer casa ajena, se preocupe por cómo está la propia», en alusión a que «una ciudadana particular, como es Begoña Gómez, utilice el correo de presidencia del Gobierno», algo que a este juez le parece «gravísimo».

La decisión carece de sentido

Jesús Villegas, secretario general de Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, también afirma que «la decisión de investigar al juez Peinado, con los datos que tenemos ahora, carece de sentido».

«Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué se le está investigando, por qué se abren estas diligencias. Si la razón es porque ha enviado la exposición razonada al TS, obviamente es un absurdo. Las resoluciones judiciales de los jueces se impugnan, se combaten mediante los recursos o las vías jurídicas que procedan, pero no pueden generar responsabilidad disciplinaria del juez que las adopta», expone.

Villegas apunta que si se hubieran abierto por las formas del juez Peinado con el ministro, es «un asunto discutible», y a algunos les gustará más, a otros menos, pero que «lo que está claro es que no ha incurrido en ninguna conducta sancionable».

«No olvidemos que el Derecho sancionador se rige por el principio de legalidad y solamente pueden ser castigadas, objeto de sanción, aquellas conductas que estén tipificadas. Es decir, que estén definidas previamente en la ley, y no se le puede atribuir a este magistrado nada que esté tipificado en la ley como una infracción», afirma Jesús Villegas.

E indica que «si nos encontramos ante una maniobra del Gobierno para contraatacar contra un juez molesto o incluso si alguien piensa que se le puede apartar de la investigación por este atajo, hay que decir bien claro que no, porque eso no lleva a ninguna parte».

Al Consejo lo nombran los políticos

A este magistrado también le «extraña» que el CGPJ haya abierto diligencias informativas, porque no ve «ninguna infracción», si bien apunta que «tristemente, no hemos de olvidar que al Consejo lo eligen los políticos». 

El magistrado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), conocido en redes sociales como Judge the Zipper, señala a OKDIARIO que de la declaración filtrada del ministro, él no sabría decir qué falta disciplinaria ha podido cometer el juez Peinado, si bien insiste en que no conoce el contenido de la queja.

«Eso no quita que el juez Peinado pueda inquietarse por dicha queja -los jueces somos los servidores públicos a los que más expedientes y sanciones disciplinarias se imponen, proporcionalmente hablando, debido a la presión que este respecto hace la inspección del CGPJ- ni que la queja se haya podido poner precisamente con ese fin, pues no sería la primera que se pone sólo para perturbar al juez que no decide cómo uno quiere, sin más, y a la vista están los ataques al juez Peinado que reiteradamente se hacen precisamente desde el Ejecutivo, descontentos por el trabajo del compañero», apunta.

Portillo entiende que la decisión del Supremo de no atender la exposición razonada para la imputación del ministro «nada aporta a dicha queja, nada tiene que ver con valorar si el juez Peinado se condujo o no bien en ejercicio de sus funciones, porque la disconformidad con las decisiones judiciales se solventa por la vía de los recursos, no presentando quejas».

Por último, subraya que «no se puede dar a una queja una presunción de verdad». «Se presenta y seguidamente se estudia para ver qué hay de cierto en ella y si lo que se prueba que ha sucedido encaja o no con una falta disciplinaria de las recogidas expresamente en la Ley», precisa.

Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), afirma, al igual que Portillo, que «todo ciudadano, incluido el ministro, puede presentar las quejas que estime pertinentes ante el CGPJ» y luego Conde, tras la investigación oportuna, «resolverá conforme a Derecho».