La Fiscalía irrumpe tras el 23J: pide a Llarena que dicte orden de búsqueda y captura contra Puigdemont

La Fiscalía del Supremo ha solicitado al juez del procés, Pablo Llarena, que emita orden de busca y captura internacional contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de Antoni Comin, así como orden europea de detención y entrega respecto de los procesados por el referéndum ilegal.

Los fiscales del procés han dado este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre así al Tribunal Supremo para reactivar las euroórdenes.

En el escrito enviado al instructor, los fiscales del 1-O defienden que «la retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo ha sido confirmada en sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que teniendo en cuenta su situación personal -huido de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023».

Y añaden: «Se cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea, que permite a la autoridad judicial española competente dictar orden de detención y entrega. Los hechos constitutivos de malversación llevan aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, oscilan entre 6 y 12 años de prisión».

Resolución del TGUE

El pasado 5 de junio, el Tribunal General de la Unión Europea dictó una sentencia respecto a la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El alto tribunal europeo determinó que no goza de inmunidad parlamentaria y acerca así su extradición a España. Hace varios meses que la Justicia europea tenía sobre la mesa el recurso que el expresidente de de la Generalitat Carles Puigdemont había interpuesto contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad europarlamentaria. La presidencia de la Cámara, que había acreditado como parlamentario al entonces líder de JxCAT pese al rechazo de la Junta Electoral Central, tomó dicha decisión a petición del Tribunal Supremo.

La Sala Sexta ampliada del alto tribunal europeo estudió dos casos que afectan a la inmunidad de Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCAT reclamados por el Supremo, Toni Comín y Clara Ponsatí. El primero, por el rechazo del entonces presidente de la Eurocámara a atender la petición de protección de sus inmunidades a través de la eurodiputada de ERC Diana Riba; y el segundo, y más relevante, sobre los suplicatorios.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando los eurodiputados de JxCat denunciaron ante la Justicia europea las decisiones formales por las que en marzo de ese año el pleno de la Eurocámara aceptó tramitar los suplicatorios cursados por el instructor del proceso independentista, Pablo Llarena, para suspender la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

La Eurocámara consideró que los hechos por los que Puigdemont y Comín están reclamados -entonces por delitos de sedición y malversación; y, en el caso de Ponsatí, sólo por sedición- eran anteriores a que ocuparan su escaño, por lo que no guardan relación alguna con su actividad como eurodiputados.

La defensa de los políticos independentistas recurrió al estimar que la Eurocámara había dejado sin respuesta una serie de cuestiones que abren la puerta a que el suplicatorio pueda ser revocado, identificando hasta 14 puntos afectados por este silencio parlamentario. En la vista en Luxemburgo, los abogados de Puigdemont destacaron que el delito de sedición no esté penalizado en todos los estados miembro y que en España haya quedado derogado con la última reforma del Código Penal.

En la misma vista, celebrada en mayo del pasado año, los abogados de la Eurocámara respondieron a las quejas de la defensa de los eurodiputados por la tramitación de los suplicatorios advirtiendo de que la institución tuvo un trato «extremadamente abierto» con ellos, hasta el punto de permitirles ocupar su escaño «probablemente de manera ilegal» porque lo hizo sin que España le proclamara eurodiputado.