Sánchez obliga a la banca que tanto criminaliza su Gobierno a poner 83.000 millones por el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la movilización de 200.000 millones de euros, casi un 20% del PIB, para combatir los efectos económicos de la epidemia de coronavirus. Curiosamente, de esos 200.000 millones, 83.000 millones los pondrá el sector bancario, lo que supone que el capital privado que tanto criminaliza su gobierno socialcomunista será el que tenga la ‘vacuna’ a la crisis que atraviesa España por el coronavirus.

Según han explicado a OKDIARIO fuentes del Ministerio de Economía, de los 200.000 millones anunciados por Sánchez, 83.000 millones corresponden única y exclusivamente a la concesión de créditos de la banca garantizados por el Estado. Es decir, que los bancos van a poner esos 83.000 millones de euros.

Estas fuentes explican que serán los ciudadanos los que tendrán acceso directo a los más de 80.000 millones que pondrá a disposición de los ciudadanos la banca a través de unos créditos que estarán ‘garantizados’ por el Estado. «El Estado sólo interviene si hay un impago de un crédito cubriendo una parte del importe no recuperado del mismo», explican las mismas fuentes.

Llama la atención que Sánchez ‘intervenga’ ahora a la banca, el mayor enemigo de sus principales socios de Gobierno: Podemos. El líder de la formación magenta y sus colegas de partido se han hartado a mentir sobre el sector financiero, diciendo desde que no pagan impuestos hasta que se han «forrado» con la crisis financiera. Hoy, la banca, será quien salve a los españoles -por orden de Sánchez-, incluidos claro todos aquellos que han denostado hasta la saciedad a la banca.

Sánchez ha calificado esta cantidad como «la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España», pero apenas ha puesto en valor que es la banca quien pone casi la mitad de esas ayudas. Las nuevas medias incluyen 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y se garantizan los suministros y los servicios de comunicaciones, así como el derecho a la vivienda con la moratoria de las cuotas de hipotecas para personas de situación de especial vulnerabilidad.