El PP exigirá a la CNMC que haga el informe sobre el apagón y pedirá ampliar el plazo para reclamar

El PP va a aprovechar la comparecencia de la OCU en la comisión de investigación del apagón en el Senado este jueves para exigir a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que elabore el informe sobre aquel incidente al que ha renunciado. Asimismo, pedirá que se prolongue el plazo de un año para presentar reclamaciones por las pérdidas ocasionadas ese día.

Como adelantó OKDIARIO, la CNMC -que es el regulador del mercado eléctrico- primero aplazó sine die dicho informe y, posteriormente, renunció a alaborarlo por completo. Se suponía que ese informe iba a ser el definitivo para depurar las responsabilidades por lo ocurrido ese fatídico día y, así, deja a los afectados sin el principal argumento legal para respaldar sus demandas ante los tribunales.

Es decir, el organismo que preside Cani Fernández ha dejado tirados a las miles de personas y empresas que sufrieron pérdidas el 28 de abril por culpa del corte de luz en la Penísula y que pretenden interponer demandas judiciales para recuperarlas. Algo que el PP considera inadmisible, por lo que va a exigir que la CNMC se ponga manos a la obra y elabore el informe sobre el apagón.

Ahora bien, las fuentes consultadas explican que el Partido Popular no tiene previsto en principio presentar ninguna iniciativa más allá para exigir este informe, por ejemplo, una proposición no de ley en el Congreso.

El regulador eléctrico renunció a elaborar este documento porque el propio organismo saldría salpicado por no haber revisado sus procedimientos, operativos desde hace décadas pese al aumento de la demanda y de la producción renovable y pese a la saturación de la red.  Red Eléctrica se exculpa diciendo que siguió los procedimientos establecidos en la normativa y que lo que fallaron fueron esos procedimientos, que son responsabilidad de la CNMC.

Lo que sí va a hacer Fernández es imponer  sanciones por los fallos detectados ese día en la red. Y eso sí puede ser un soporte al que pueden agarrarse los afectados en los tribunales. Pero, como en el informe suprimido, éstas también repartirán las culpas entre Red Eléctrica y las empresas comercializadoras, como adelantó este periódico.

Por tanto, tampoco servirá para señalar contra quién deben ir las demandas, y serán los tribunales (el Supremo, en última instancia) los que diriman las responsabilidades.

Ampliar el plazo

En todo caso, a la espera de estas sanciones o de que se retome el informe -cosa que se antoja poco probable-, el PP va a pedir también que se amplíe el plazo legal para presentar estas demandas. En principio, al tratarse de reclamaciones extracontractuales (los consumidores no tienen un contrato con Red Eléctrica, sino con su proveedor), este plazo es de un año, que vencerá el próximo 28 de abril.

A sensu contrario, si no se amplía el plazo, los perjudicados tendrán que interponer sus demandas a ciegas, sin tener argumentos para dirigirlas contra nadie en concreto. En todo caso, la mayoría irán contra Red Eléctrica, como responsable legal de la gestión del sistema eléctrico y de la seguridad del suministro.

Repsol es uno de los principales afectados y su consejero delegado, Josu Jon Imaz, anunció el viernes que va a presentar una demanda por 125 millones por los daños sufridos por sus instalaciones ese día. Moeve (Cepsa) hará lo propio por 50 millones. A su favor tienen un precedente de un corte de luz de 12 minutos en 2022 que afectó a la filial de Repsol Petronor  y por el que el Tribunal Supremo le concedió una indemnización de 18 millones.