Sanidad admite que la «falta de confianza» en el Gobierno aumenta el riesgo frente al Covid

El Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento de recomendaciones para afrontar la denominada «fatiga pandémica», el agotamiento de la población tras varios meses de crisis sanitaria y que tiene entre su principal riesgo una relajación de las medidas de protección. El informe fue sometido esta semana al Pleno del Consejo Interterritorial de Salud, y contiene una serie de consejos para una adecuada comunicación o para evitar que los ciudadanos no sigan las normas frente al virus. Entre los factores que influyen en «la adopción de los comportamientos deseados», recoge el documento, se encuentra «la confianza hacia las instituciones».

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la confianza en el Gobierno y en el presidente socialista es mínima. Pedro Sánchez apenas consigue una nota de 4,4 y sólo el 26,9 por ciento de los encuestados responde que le genera mucha o bastante confianza, frente al 69,7 por ciento que afirma que poca o ninguna.

El documento ‘Recomendaciones sobre estrategias comunicativas frente a la fatiga pandémica’ recoge una serie de consejos que, paradójicamente, el propio Ejecutivo incumple de manera sistemática. 

«Transparencia»

Así, por ejemplo, el Gobierno que rechaza ofrecer la cifra real de los fallecidos en la pandemia, o desvelar la identidad de sus expertos, sitúa la «transparencia» como uno de los principios clave para mantener el apoyo de la ciudadanía a las medidas de protección.

También considera que «hay que ser tan coherente como sea posible» y «coordinarse para evitar mensajes contradictorios». Cabe recordar que el Ejecutivo negó en un primer momento la utilidad de las mascarillas, ahora obligatorias, o rechazó cancelar eventos masivos, como la marcha ideológica del 8 de marzo, en plena expansión del virus.

En otro momento, se destaca también la necesidad de «buscar la predictibilidad en circunstancias impredecibles». El 31 de enero, el jefe de alertas del Gobierno, Fernando Simón, auguró que España no tendría «más allá de algún caso diagnosticado» y, en julio, consideró: «Si esto es una segunda ola, desde luego, no lo parece». Éstas y otras afirmaciones han llevado a cuestionar la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo.

El Gobierno ha variado sistemáticamente sus criterios para afrontar la pandemia, que no vio venir pese a la alta incidencia que ya se registraba en otros países, como Italia y China. Hasta el 14 de marzo, cuando decretó el estado de alarma y, con ello, el confinamiento total de la población, evitó las medidas drásticas. Después se supo que el virus estaba en explosión en nuestro país ya desde mediados de febrero.

Además, ha vacilado continuamente en la aplicación de las medidas. Durante meses rechazó, por ejemplo, exigir una prueba PCR a los turistas que llegaban a España, algo que luego acabó implantando. Ahora, Sanidad pone pegas a la accesibilidad de los test de antígenos, una medida avalada por la Comisión Europea y que la Comunidad de Madrid lleva meses implementando con éxito.

En agosto, Pedro Sánchez se fue de vacaciones pese a las reclamaciones de las comunidades autónomas para que asumiese el mando de la crisis, en plena expansión de brotes en la segunda ola. Desde el Gobierno se negó la gravedad. A la vuelta, se descartó durante semanas adoptar nuevas medidas, pese al incremento de contagios, descargando la responsabilidad en los presidentes autonómicos.

En los últimos días, la imprevisión del Gobierno ha sido manifiesta con las medidas para la Navidad. El pasado 2 de diciembre, Sanidad planteó a las comunidades autónomas el plan para las próximas fechas, con limitaciones a la entrada y salida de los territorios, toque de queda y restricción del número de personas que pueden participar en las comidas y cenas navideñas, entre otros. En vísperas de las fiestas, el Ministerio ha dejado vía libre a las comunidades para endurecer estas medidas en función de la situación epidemiológica, lo que ha provocado que las regiones tengan aún que improvisar sus restricciones con el consiguiente desconcierto para la ciudadanía.

Por otro lado, la gran incógnita de la pandemia en nuestro país es, y será, el número real de fallecidos. El balance del Ministerio de Sanidad se queda corto en relación a la cifra que ofrecen otros organismos que dependen del propio Gobierno. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra las muertes por coronavirus en 45.684 hasta mayo, 18.557 más que las contabilizadas por el departamento de Illa. Desde Sanidad se ha defendido el criterio basado en recontar únicamente los fallecidos con prueba de diagnóstico realizada, algo que ha excluido -especialmente en los meses más críticos de la primera ola- a numerosos muertos en residencias y domicilios particulares.

Por su parte, el sistema de vigilancia de la mortalidad MoMo, del Instituto de Salud Carlos III, registra un exceso de mortalidad de 67.709 muertes desde que comenzó la pandemia del coronavirus, también muy por encima de lo que cifra Sanidad.