El PSOE como Junqueras en 2017: «Es antidemocrático» que el Constitucional pueda parar un debate

El Partido Socialista presiona al Tribunal Constitucional (TC),que este jueves se reúne para decidir si admite el recurso del Partido Popular para paralizar la reforma por la que el Gobierno pretende imponer un vuelco ideológico en el Alto Tribunal. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de «radicalmente antidemocrático» que se impida que el Parlamento dé luz verde, también este jueves, a la proposición de ley por la cual se suprime la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a sus candidatos para el TC con mayoría de tres quintos. De salir adelante -gracias al apoyo de separatistas y proetarras- bastaría con una mayoría simple. Moncloa busca así imponer su mayoría progresista en el TC y lograr además que se nombre cuanto antes a sus dos candidatos, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo del Gobierno.

El argumento utilizado ahora por los socialistas es idéntico al que los propios dirigentes del procés, ahora condenados, empleaban en 2017 para perpetrar su golpe de Estado.

Entonces, por parte de los líderes separatistas abundaban las críticas y ataques al Tribunal Constitucional por «antidemocrático» al impedir el referéndum. «Ningún órgano político», aseveraba el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en alusión al TC, podría «suprimir el derecho internacional» que, en su opinión, amparaba «el derecho fundamental de voto de los ciudadanos» y, por tanto, el 1-O, un «mandato democrático».

Por entonces, el Alto Tribunal había prohibido la celebración del referéndum, desmontando el andamiaje aprobado por el Parlament y el Govern catalán para intentar darle cobertura legal. «El Tribunal Constitucional no podrá anular la democracia», proclamaba el dirigente independentista contra el garante de la Carta Magna.

Los mismos ataques que ahora dirige el propio Gobierno contra el Tribunal Constitucional, calificando también de «antidemocrático» que se impida la aprobación en el Congreso del asalto al Poder Judicial. «Desde hace tiempo, la deriva de la derecha y algunos jueces conservadores es francamente preocupante», ha aseverado sin reparos Patxi López en el Congreso, unas horas antes del debate.

Según el portavoz socialista en la Cámara Baja, el tribunal busca «impedir que el Congreso, donde reside la soberanía popular, cumpla con su papel». «Me parece un salto cualitativo que lo único que viene a decir es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando», ha añadido, considerando que el tribunal ha de tomar decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes a posteriori, una vez que el Congreso ya ha legislado. Hacerlo antes es «de alguna manera una intromisión» del poder judicial en el poder legislativo, ha valorado.

Asalto

El Tribunal Constitucional debate este jueves si admite el recurso de amparo presentado por el Partido Popular para frenar las enmiendas registradas por PSOE y Podemos, que se votan este jueves en el Congreso y que suponen una rebaja de las mayorías necesarias para el nombramiento de los magistrados.

En concreto, el PP pide la paralización cautelarísima de la tramitación de esas, que fueron incluidas por el Gobierno en la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición. Una treta parlamentaria con la que el Ejecutivo busca acometer su asalto cuanto antes.

La enmienda presentada por el PSOE y Podemos suprime la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus candidatos para el TC con una mayoría de tres quintos. Además, se fija un mecanismo exprés que permitirá que en apenas 11 días estén elegidos sus dos nombres, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

El PSOE ha registrado por su parte un escrito en el tribunal en el que se pide que se tenga por personado en el procedimiento y rechazan las medidas cautelares solicitadas por los populares. 

Según el escrito, «la adopción de la medida cautelar provoca una perturbación en un interés constitucionalmente protegido» porque «afectaría a uno de los fundamentos de nuestra democracia».

A su juicio, «una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde» ya que «conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los Diputados) y la mayoría de los Diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo».