Las 6.259 okupaciones en Cataluña con ERC y Colau quintuplican las de Madrid

Las okupaciones en Cataluña en el año 2020 se elevaron a 6.259, es decir, fueron cinco veces más que las registradas en la Comunidad de Madrid, que se situaron en 1.107. Así lo revela el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria al PP en el Congreso de los Diputados.

Así, la comunidad gobernada por Pere Aragonès, dirigente de ERC y presidente interino de la Generalitat, fue la región en la que hubo más okupaciones durante el ejercicio pasado. El Ejecutivo responde de esta manera a una pregunta presentada por los parlamentarios del Grupo Popular Ana Vázquez, Carlos Rojas, Isabel Borrego y Luis Santamaría.

El Gobierno socialcomunista desglosa estos datos basándose en «hechos relacionados con la ocupación de inmuebles y conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en los que se formularon denuncias por presuntos delitos y faltas.

De las 6.259 okupaciones que se contabilizaron el año pasado en Cataluña, primera comunidad del ranking al respecto, el 72,3% de las mismas tuvieron lugar en la provincia de Barcelona, esto es, un total de 4.527. En el caso de Gerona fueron 857, en Lérida 200 y en Tarragona 675. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (En Comú Podem), que llegó al estrellato político como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que gobierna con el apoyo del PSC, no sólo no condena estas okupaciones sino que además riega de subvenciones a colectivos de extrema izquierda que fomentan estas prácticas delictivas.

Por comunidades autónomas, detrás de Cataluña -aunque bastante lejos- se sitúa Andalucía, con 2.009 okupaciones, una tercera parte, siendo Sevilla la provincia de esta región donde un mayor número de ellas, 677. Así mismo, en la Comunidad Valenciana se computaron hasta 1.082 okupaciones, 627 de ellas en Valencia.

Pequeños propietarios

El presidente del PP y líder de la oposición al Gobierno central, Pablo Casado, criticó el domingo en la campaña electoral en Cataluña que la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de esta ciudad son «tolerantes» con la ocupación ilegal de viviendas. Casado enfatizó que de las de las 40 okupaciones al día que ocurren en España, la mitad tiene lugar en Cataluña. Además, precisó que «sus propietarios en un 80% son pequeños propietarios y no grandes tenedores que compraron estas viviendas haciendo un gran esfuerzo personal».»Esto no puede seguir así», subrayó el dirigente popular.

En este contexto, el líder del PP, que estuvo apoyando a su candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández, desgranó la batería de medidas que los populares pondrán en marcha si llega al Gobierno catalán en los comicios del próximo 14 de febrero. Casado aludió aquí a dar protección a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para desalojar las viviendas en un plazo máximo de 12 horas, aumentar de 1 a 3 años los delitos en estos casos e impedir los empadronamientos de okupas.

Junto a ello, Casado instó a los socialistas y sus socios a corregir su postura al respecto. «Reto a Sánchez a que el jueves, el PSOE vote a favor de la regulación contra la okupación, y si no, que se enteren los votantes del PSC». El líder del PP se refirió así a la votación que tendrá lugar este jueves en el Congreso sobre la convalidación (o derogación) de la ley antidesahucios, un texto que fue modificado a posteriori para prohibir los desalojos de okupas hasta el 9 de mayo si actúan sin violencia.

Polémica modificación

El Gobierno de PSOE-Podemos corrigió el Real Decreto-ley 37/2020 y exige ahora intimidación o violencia para desalojar a los okupas, mientras que hasta entonces sólo se podía proceder al desalojo «si la entrada era un delito». El cambio plasmado en el BOE se recoge en el nuevo Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En concreto, el polémico texto que será debatido y votado el jueves en la Cámara baja exige «violencia e intimidación» para poder desalojar a los okupas durante el estado de alarma. La nueva redacción del texto elimina el supuesto de delito para continuar con el lanzamiento y exige que «la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas».

La normativa también amplía la suspensión de los desalojos a los okupas que hayan delinquido, algo que no ocurría hasta la fecha. «Se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda. Esta modificación se ampara en la competencia exclusiva del Estado atribuida por la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación procesal», dice el decreto-ley.

Además, otro requisito para llevar a cabo el lanzamiento es que «se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada», señala el texto.