La ley antidesahucios de Sánchez dispara la contratación de empresas privadas para desalojar okupas

Los propietarios de viviendas ocupadas se han visto obligados a recurrir a empresas privadas para desalojar a los inquilinos. Esta práctica no es ni mucho menos nueva, pero se ha disparado en el último mes, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley antidesahucios del Gobierno de Sánchez, que les ha dejado más desprotegidos y desamparados si cabe.

«No paramos de recibir llamadas de propietarios desesperados que no consiguen desalojar a los okupas. En el último mes las consultas se han disparado. Ha sido increíble», explican desde una de las compañías que se dedican a desalojar a okupas.

Desde la Asociación de Afectados por la Okupación también confirman esta tendencia. La explicación es simple: los propietarios de viviendas ocupadas saben que denunciar a la Policía e interponer acciones judiciales no sirve de nada. Por eso, están acudiendo al sector privado en busca de soluciones. El presidente de la asociación, Toni Miranda, pide que todas las actuaciones sobre la ocupación se ajusten al estricto marco del Estado de Derecho y alerta de que alguna de estas empresas trabajan al borde de la ley.

Lo que está claro es que el aumento de la demanda de estos servicios privados es solo una de las consecuencias de la ley antidesahucios del Gobierno. La legislación también se ha traducido en numerosas demandas, más inseguridad jurídica y en un aumento de la intranquilidad y el nerviosismo entre los propietarios.

“Las actuaciones que está haciendo en Gobierno no están yendo contra la ocupación, sino que les está dando cobertura legal. Lo que está haciendo el Gobierno es una auténtica barbaridad. Olvida completamente a los particulares, que son los que lo están pasando peor, cuenta Miranda, quien también ha acusado al Gobierno de atacar directamente al Estado de Derecho.

La okupación es un ataque directo al Estado de Derecho. No solo hace daño a las víctimas de la okupación, sino de mina el sistema creando inseguridad jurídica.

Pero las personas libres creemos en la democracia y vamos a demostrar que el Estado de Derecho es más fuerte que ellos.

— Toni Miranda (@T0NI_Miranda) January 20, 2021

La Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval) también se ha pronunciado firmemente en contra de la llamada ley antidesahucios por considerar que atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada. Creen -además- que la norma provocará una oleada de procesos judiciales. «Aún es pronto para tener cifras, pero es evidente que estas medidas provocarán perjuicios económicos y patrimoniales a los propietarios, ya que se les obliga a prescindir de sus activos durante, al menos, tres meses. Además, no hay que olvidar que muchos de ellos llevan casi un año con sus propiedades inmovilizadas como consecuencia de las medidas aplicadas en materia de alquiler», dice Beatriz Toribio, directora general de Asval.

Los propietarios recuerdan que la litigiosidad va en contra de la seguridad jurídica y la confianza que se necesita para desarrollar el mercado del alquiler en España. «Daña seriamente nuestra imagen como país ante la inversión extranjera y ante nuestros socios europeos», dicen.

Cambios de última hora

Al Gobierno de Pedro Sánchez le han llovido un sinfín de críticas por cambiar por sorpresa la letra pequeña de la ley antidesahucios, amparando a los okupas que comentan un delito. El Partido Popular ha acusado a Sánchez de «no respetar la propiedad privada y de proteger la figura del okupa». Desde el tejido empresarial, el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, cree que que la nueva normativa supone un blindaje legal al fenómeno de la ocupación. «Se dilapida seguridad jurídica y el derecho a propiedad privada. Inadmisible», decía en su cuenta de Twitter.

El Gobierno ha ampliado la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos penales

La Agencia Negociadora del Alquiler  (ANA) también ha cargado contra la decisión del Gobierno. Considera que incita a la ocupación de viviendas vacías y advierte de que -posiblemente- se trate de un «adelanto o advertencia sobre las intenciones de una parte del Gobierno de expropiar las viviendas vacías».

El Ejecutivo modificó dos artículos del llamado decreto antidesahucios, que se mantendrá vigente mientras dure el estado de alarma. En concreto, a través de un decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo miércoles, se amplió la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos penales, y modificó dos de los seis supuestos en los que no era posible esa suspensión.

El decreto antidesahucios preveía que el juez no pudiera suspender un lanzamiento cuando la entrada o permanencia en el inmueble fuera consecuencia de delito. Con los nuevos cambios, ahora pasa a ser «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas».