Txelis, padre de la 'kale borroka'

La portavoz de Sánchez autorizó la conferencia de un jefe de ETA en la Universidad del País Vasco

La portavoz de Sánchez autorizó la conferencia de un jefe de ETA en la Universidad del País Vasco
Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis'.
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Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, autorizó en 2012-siendo consejera de Educación en el País Vasco-la conferencia del dirigente de ETA, José Luis Álvarez Santacristina, ‘Txelis’, en los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV). Tras la polémica generada, el etarra declinó su participación.

Celaá- también responsable de Universidades e Investigación en el gobierno del socialista Patxi López-presentó dicho programa, acompañada del rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, y el director de los cursos, Juan Luis de la Cuesta.

En concreto, la conferencia de Álvarez Santacristina llevaba por título ‘Pedir perdón desde el sufrimiento de las víctimas’ y su participación incluía además su presencia en el coloquio posterior.

Jefe de ETA y ‘padre’ de la ‘kale borroka’

Álvarez Santacristina, jefe del aparato político militar de la banda, estaba considerado como el principal ideólogo de ETA-se le considera el ‘padre’ de la ‘kale borroka’- hasta que fue detenido en Bidart (Francia), en 1992, junto a otros dos miembros de la cúpula terrorista, Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’ y Joseba Arregi ‘Fitipaldi’.

Fue condenado a 90 años de cárcel por, entre otros, ordenar el asesinato del exsecretario de Estado Manuel Broseta.

En Francia fue condenado a 10 años de prisión por asociación de malhechores, aunque, tras su extradición a España en 1997, fue sometido a tres procesos judiciales por los que se le impusieron condenas por casi 90 años de prisión. Entre ellas, 30 años por ordenar al ‘comando Ekaitz’ el asesinato del exsecretario de Estado Manuel Broseta a principios de 1992. Además, las fuerzas de Seguridad se incautaron de un listado elaborado por él con decenas de “objetivos” de la banda.

En 1993, renunció a la actividad de la banda, de la que fue expulsado tras escribir en prisión una carta muy crítica con la estrategia de los terroristas, en la que pedía que dejara las armas. El etarra pudo acogerse así a la vía Nanclares, promovida por el Gobierno del PSOE, que permitía beneficios penitenciarios para reclusos terroristas que rechazasen la violencia y pidiesen perdón a las víctimas.

En 2010, el juez le concedió prisión atenuada y, finalmente, en 2015, tras cumplir tres cuartas partes de la condena, logró la libertad condicional con el requisito de acudir a la cárcel a firmar una vez al mes, hasta que cumpla su condena, en diciembre de 2019.

Se leyó una carta

Aunque Álvarez Santacristina declinó participar, su testimonio sí estuvo presente en los cursos, ya que el catedrático emérito de la UPV, Sabino Ayestarán, leyó una carta en su nombre. 

La presencia del etarra en el programa de la UPV fue duramente criticada desde el PP y las asociaciones de víctimas. El entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, consideró inaceptable la ponencia “por muy arrepentido que esté”.

Según Urquijo, no podría considerarse admitido el perdón a las víctimas en tanto “que el que lo recibe, acepte la disculpa. Sin la intervención de las dos partes, no es posible que el proceso salga adelante”, valoró.

Polémica con otros etarras

La polémica se produjo en un momento de tensión entre el Gobierno vasco y el central por la presencia de etarras en distintos foros. Anteriormente, el ministerio del Interior ya había vetado la participación de Carmen Gisasola, también miembro de la banda, en un congreso sobre memoria y convivencia en Bilbao, cuya organización recaía en la consejería de Interior de Rodolfo Ares. 

Desde el Ejecutivo vasco defendieron que la asistencia de Gisasola “podría haber sido buena” para “explicar el valor de la reinserción” debido a que se trataba de una “acreditada exterrorista”.

Por entonces, la etarra aún cumplía condena. Miembro de los sanguinarios comandos Gorrotxategi y Vizcaya, fue condenada a 79 años de cárcel por cuatro asesinatos: un policía municipal, un sargento de la Guardia Civil, un comerciante y un marinero. Salió de la cárcel en 2014 tras la aplicación de la doctrina Parot y al descontársele diez años por una pena cumplida en Francia. .

También en aquel caso, y para evitar en cierto modo la polémica, el Ejecutivo vasco socialista planteó sustituir su presencia por la lectura de una carta, aunque en finalmente se desestimó la idea por el fuerte rechazo.

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