‘Caso Azud’: los entresijos de la trama que ha puesto contra las cuerdas a Ximo Puig

El socialismo valenciano ha entrado en crisis tras las últimas revelaciones del denominado Caso Azud. Una supuesta trama de corrupción que mantiene pendiente de un hilo al mismísimo presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig después de que un informe de Unidad Central Operativa (UCO) apuntase a una presunta financiación ilegal de las campañas socialistas al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y de las Generales en esta misma circunscripción en 2008.

El Caso Azud, sin embargo, era poco conocido fuera del territorio valenciano que Ximo Puig gobierna de la mano con la coalición nacionalista Compromís y Podemos. Aquí, ofrecemos algunas de sus claves.

El por qué del propio nombre que el citado caso recibe ya resulta complicado: un azud es un muro, más pequeño que una presa, que sirve para desviar el agua de un río hacia un canal o una acequia. Y sirve, en lenguaje figurado, para entender que se trata de cómo una presunta trama corrupta obtuvo supuestos favores urbanísticos a cambio de presuntas comisiones ilegales. 

El caso estalló en el Ayuntamiento de Valencia. Pero la investigación sobre la trama ha detectado ramificaciones que presuntamente involucran a actuaciones en otros consistorios -Jijona es uno de los que están bajo sospecha- y al Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), la formación de la que Ximo Puig es actualmente secretario general en este territorio. Al PSOE estaban vinculados 3 de los imputados clave: el que fuera su responsable de Finanzas José Pepe Cataluña, el ex delegado del Gobierno Rafael Rubio, y el abogado José Luis Vera.

Los 3 se reunieron con el principal imputado en este mismo caso Azud, el empresario Jaime Febrer una semana antes de que se celebraran las elecciones municipales de 2007 en Valencia, en las que la popular Rita Barberá: obtuvo 21 concejales frente a los 12 de la candidata socialista entonces Carmen Alborch.

El caso

Y son precisamente aquellas elecciones locales de 2007 y las Generales de 2008 el escenario de la sospecha de la UCO (Unidad Central Operativa), que en un informe apunta a que supuestamente algunas empresas pagaron a los socialistas valencianos gastos de ambas campañas. En concreto, y tal como publicó ya el pasado junio OKDIARIO, la UCO cifraba en 240.476 € el importe pagado por la trama corrupta Azud a empresas que publicitarias trabajaron en la campaña electoral del PSOE en mayo de 2007. Y, a ello, hay que sumar otros más de 70.000 euros, que corresponden a las Generales de 2008, en las que supuestamente y siguiendo el hilo del hasta ahora último informe conocido de la UCO, una mercantil habría pagado otros 70.817 euros para merchandising de los socialistas en aquellos comicios. En total, la suma de estas cantidades arroja un volumen superior a los 310.000 euros, entre las supuestamente abonadas por las citadas mercantiles en las campañas de 2007 y 2008.

Comisión de investigación

La mecánica, según siempre ese informe, incluye presuntos contratos simulados, supuestas empresas pantalla y, presuntamente también, la elaboración de facturas ficticias. Y es, precisamente ése, el motivo por el que el Partido Popular ha solicitado que se ponga en marcha de inmediato la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y ha exigido a Ximo Puig que dé explicaciones públicas. 

Quienes sí han hablado han sido el portavoz socialista en las Cortes Valencianas José Muñoz y la vice alcaldesa de Valencia Sandra Gómez. Ambos con un argumentario común: «Es un caso del PP», han dicho. Para agregar, en el caso de Muñoz que es complicado abrir una investigación documental porque los presuntos hechos son de hace 15 años.

La contraprestación

Del informe de la UCO se desprende también que los supuestos pagos en las citadas campañas se producían a cambio de presuntos favores urbanísticos. En concreto, nombra actuaciones bajo sospecha tanto en la localidad alicantina de Jijona como en el también alicantino municipio de Pego y el valenciano de Bétera. Pero, también, hay otras obras de calado bajo esa misma lupa lupa de la investigación, como la adjudicación de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó o la desaladora de Moncofa.

El presidente del PP valenciano Carlos Mazón se refirió ayer, precisamente, a esa adjudicación del Júcar-Vinalopó y lanzó al aire una de las preguntas que quiere que Puig aclare «si es cierto que hay mordidas de 10 millones de € a través de Acuamed por las obras del trasvase Júcar-Vinalopó. Si tuvo algo que ver la entonces ministra Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE».

El abogado de Febrer

Otro tipo de vinculación, en este caso jurídica, es la que mantiene el principal imputado en la causa, el empresario Jaime Febrer, con el ex síndico socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata. Este último, presentó su renuncia a Ximo Puig el viernes 29 de abril, pero su marcha tuvo carácter oficial el jueves 5 de mayo de este año.

Mata compatibilizaba al defensa de Febrer y su actividad como síndico del PSOE valenciano en las Cortes de la Autonomía desde el verano de 2021, lo que, aún siendo legal, le había generado algunos problemas, como cuando utilizó el coche oficial cedido por las Cortes Valencianas para desplazarse hasta la cárcel de Picassent para entrevistarse con Febrer.

Pero lo que puso realmente en entredicho a Mata ocurrió a raíz del levantamiento de una parte del sumario. En ese contexto, la portavoz popular en las Cortes Valencianas María José Catalá, aludió indirectamente a Mata en referencia al mencionado caso Azud: «Nosotros no tenemos el sumario -dijo entonces- pero puede que otro partido político, cuyo síndico forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado, lo tenga».

El viernes 29 de abril, la presión se hizo ya insoportable. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra compareció para dar cuenta de los asuntos tratados por el Gobierno valenciano pero las preguntas se refirieron casi en su totalidad a Mata. Oltra enmudeció ante las preguntas acerca de la dualidad del síndico socialista y fue dando respuestas cada vez más breves. Esa misma tarde, Manuel Mata comunicó a Puig su intención de dimitir.

El Caso Azud arroja un balance en torno al medio centenar de imputados a día de hoy. Y sus consecuencias llevan camino de ser también políticas. De momento, el PP ha pedido que se ponga en marcha ya la comisión de investigación en torno al caso en las Cortes Valencianas. Pero espera que Ximo Puig y no otra persona del PSOE valenciano dé explicaciones.