La UCO contabiliza 240.000 € como gastos electorales del PSOE financiados por la trama corrupta ‘Azud’

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cifra en más de 240.000 euros el importe pagado por la trama corrupta Azud a las empresas publicitarias que trabajaron en la campaña electoral del PSOE en mayo de 2007. Así se extrae de los informes de la investigación, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, y que sumados a la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) estrechan el cerco sobre la posible financiación irregular de los socialistas.

En total, se contabilizan 240.476 euros divididos en cuatro pagos que se efectuaron a través de la mercantil Gigante, la tapadera creada por el cabecilla de Azud, el empresario Jaime María Febrer, para ocultar el verdadero origen del dinero que recibían presuntamente de forma ilícita los cargos públicos relacionados con este caso de corrupción urbanística.

Así, en uno de los informes que obran en la causa, la UCO señala que el 22 de mayo de 2007, a cinco días de celebrarse las elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana, Gigante pagó 120.004 euros a Industria Gráfica Valenciana, una empresa publicitaria «que ese mismo ejercicio declaró a la AEAT recibir del PSOE 95.501,72 euros».

Una semana después, el 31 de mayo de 2007, la operación se repitió con Publipres Técnicos Asociados, otra de las empresas que realizaron trabajos electorales para los socialistas, que recibió 40.560,70 euros. El 6 de julio, esta misma compañía cobró de Gigante un nuevo abono por valor de 46.545 euros.

La lista la completa Cronosport SL, que el 9 de julio de 2007 percibió 33.367,08 euros. Sobre esta última, además, figuran ingresos provenientes de Crespo Gomar SL, «vinculada según fuentes abiertas con la financiación de este partido político».

Todas ellas, tal y como acredita la Agencia Tributaria, cobraron ese mismo año por realizar trabajos electorales para el PSOE. «A juicio policial resulta especialmente significativo que tres de las cinco mercantiles a las que destina fondos Gigante Edificaciones, ese mismo ejercicio, presenten relaciones comerciales en el modelo 347 de la AEAT con el PSOE. Todas ellas figuran como perceptoras de fondos provenientes del precitado partido político», concluye la UCO.

La vinculación entre los fondos pagados por la trama Azud y la campaña electoral de los socialistas valencianos, sin embargo, no termina ahí. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ya apuntaba en un informe de 2021 que «parte del soborno» que recibieron los altos cargos socialistas «habría sido pagado mediante el abono de gastos electorales» a petición, «indiciariamente», de tres personalidades estrechamente relacionadas con el partido que hoy dirige Pedro Sánchez, y que en aquellas fechas encabezaba José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Anticorrupción, José Luis Vera, abogado vinculado históricamente PSOE; Rafael Rubio, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Valencia, y José María Cataluña Oliver, quien fuera secretario de Administración y Finanzas hasta el año 2004, solicitaron la financiación de sus gastos electorales a cambio de favores en procesos de contratación pública.

Cataluña, además, llegó incluso a pactar con Jaime María Febrer las funcionalidades de la empresa Gigante, según consta en un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en el que se evidencia que el ex tesorero mantuvo «numerosas» reuniones con el principal imputado del caso Azud en fechas cercanas al periodo electoral.

Medio millón

Los gastos de publicidad pagados a través de la mercantil Gigante ascienden, no obstante, hasta los 484.480 euros, por lo que el importe total de los gastos electorales del PSOE presuntamente sufragados por la trama corrupta podrían ser incluso mayores.

Pese a ello, los socialistas valencianos no pueden ser juzgados por financiación ilegal, ya que en el año 2007 el Código Penal no contemplaba ese delito, que se incluyó en el año 2015.

Tampoco podrían serlo por delitos contra la Hacienda Pública. Según advierte la propia Agencia Tributaria en un informe incorporado a la causa, «los importes detallados no supondrían cuotas defraudadas superiores a 120.000 euros», la cuantía mínima fijada por la Justicia. «Suponiendo que todos los gastos fuesen del mismo partido y una vez eliminado el IVA, la base resultante sería de 417.655,569 euros, que, al tipo impositivo vigente en dicho año para partidos políticos, del 25%, supondría una cuota adicional de 104.413,892 euros», señala, descartando de este modo el fraude fiscal.