A esto se le llama cobrar por la jeta

Pedro Sánchez

Digamos que es legal, pero que desde un punto de vista ético -eso que algunos llaman moralidad pública-, cobrar dietas de 958,75 euros al mes del Congreso de los Diputados por los gastos derivados del desplazamiento y la vivienda cuando se es presidente del Gobierno y se vive en una residencia oficial con todos los gastos pagados es muy poco ejemplar. Pedro Sánchez renunció a su sueldo base como diputado en virtud de la prohibición de cobrar dos sueldos públicos, pero no a las llamadas «indemnizaciones» que el Congreso ofrece a los diputados. «Es una cantidad dedicada a cubrir gastos y por ello exenta de tributación», precisa el Congreso.

Según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, a 29 de mayo- día de disolución de las Cortes por la convocatoria electoral-, Sánchez sí había renunciado a su asignación constitucional correspondiente, pero no así al cobro de estas dietas. Según el Reglamento de la Cámara Baja, los diputados tienen derecho a recibir «las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función». Resulta obvio que para el cumplimiento de su función Sánchez no tiene gastos indispensables, porque como presidente del Gobierno los tiene todos cubiertos.

En situación similar está la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tiene a su disposición un inmueble oficial con una superficie útil de 143,9 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones. Sí cobra una indemnización por desplazamiento y gastos de vivienda, ¿qué gastos supone mantener una vivienda propiedad del Ministerio de Hacienda? La respuesta de su Departamento es para nota: «Tanto el espacio, como los suministros o el personal que desempeña sus actividades en la citada zona, lo hace en virtud de atender un espacio propiedad del Ministerio, en el que se realizan las mismas actuaciones que en cualquier otro (limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.), debiendo entenderse que los recursos empleados lo son en virtud del ejercicio del cargo que la actual y los anteriores titulares del Ministerio han desarrollado». O sea, que no paga ni un euro, pero cobra la indemnización del Congreso.

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