Las saunas prostíbulo del suegro de Sánchez una a una: del muerto electrocutado a la red de trata

Una decena de sentencias judiciales firmes han documentado durante más de 30 años un patrón sistemático de actividades delictivas en los establecimientos de prostitución de Sabiniano Gómez Serrano, suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus hermanos. Los tribunales españoles han constatado desde 1989 que sus saunas operaron como verdaderos epicentros de criminalidad que entre vapores y masajes protagonizaron desde accidentes laborales mortales hasta redes de explotación sexual y corrupción política.

La documentación judicial revela que al menos cinco locales principales configuraron la red: la Sauna Adán, la Sauna Princesa, la Sauna Azul, la Sauna Castellana 180 y el Hostal Kilómetro Ochenta. Grupos anti abolición hablan de más clubes nocturnos de carretera ligados a Sabi Gómez, el padre de Begoña Gómez, y sus hermanos Conrado y Rubén.

Cronología delictiva histórica

Los antecedentes judiciales de estos establecimientos documentados por OKDIARIO se extienden a lo largo de décadas con un patrón sistemático:

• 1989: Primera sentencia del Tribunal Supremo por muerte laboral en Sauna Adán
• 2000-2001: Múltiples casos de mujeres extranjeras en situación irregular detenidas por la Policía en Sauna Princesa
• 2009: Vinculación con corrupción política en la Sauna Adán para público homosexual
• 2011: Sentencia que documenta el modelo de explotación en Sauna Princesa
• 2013: Clausura definitiva de Sauna Azul por licencias fraudulentas
• 2016: Desarticulación de red de trata en Kilómetro Ochenta, en Segovia

Sauna Adán

El primer precedente se remonta a diciembre de 1989. El Tribunal Supremo estableció la responsabilidad civil subsidiaria de Sabiniano Gómez tras la muerte por descarga eléctrica de un trabajador en la Sauna Adán. La sentencia le impuso una indemnización de 1.500.000 pesetas a los herederos del fallecido electrocutado durante labores de mantenimiento.

Los registros municipales demuestran que el establecimiento funcionaba con horarios de «23 horas al día» y generaba ingresos muy superiores a los declarados oficialmente. El empresario «utilizó sistemáticamente licencias deportivas y de hostelería para camuflar la verdadera actividad de sus locales», según fuentes consultadas.

Este establecimiento también apareció vinculado a casos de corrupción institucional. En 2009, la Audiencia Provincial de Palma condenó al ex concejal Javier Rodrigo de Santos por malversación continuada tras utilizar una tarjeta municipal para gastos personales. Entre los «hechos probados» figura que se cargaron 350 euros en la Sauna Adán de la calle San Bernardo, en Madrid.

Sauna Princesa

En el 2000, el Tribunal Superior de Madrid confirmó la existencia de prostitución en el local junto a la calle Princesa. Los jueces en esa resolución anulaban la expulsión de una mujer extranjera detenida «en la sauna Princesa sin acreditar medios económicos para subsistir en España de forma legal». El tribunal estableció que «mera detención policial por unos hechos presuntamente delictivos no integra el supuesto de hecho contemplado por la norma».

Un año después, el Supremo confirmó esta doctrina en otra sentencia similar. El tribunal determinó que «la mera presencia en un local donde se ejerce prostitución no constituye prueba suficiente para decretar la expulsión por carecer de medios lícitos de vida».

La sentencia más reveladora sobre el funcionamiento interno data de 2011. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid documentó que en la Sauna Princesa se «realizaba una actividad de prostitución en las habitaciones del piso de arriba del propio local, en las que disponía de sauna, jacuzzi, camas, etc.; la mujer cobraba a los clientes y la empresa percibía una parte de esa cuantía».

Esta resolución estableció una escabrosa diferencia entre actividad laboral y prostitución. Los jueces determinaron que «la actividad de alterne puede ser laboral, pero la prostitución es siempre autónoma, por lo que sólo se computan para efectos laborales los ingresos derivados del trabajo de camarera».

Otra sentencia, también desvelada por este periódico, documentó el desencuentro laboral de una madame que reclamaba una indemnización mayor tras un despido tras caer enferma, aunque los hermanos Gómez Serrano se negaron a admitir que llegaba a cobrar 10.000 euros al mes. En parte le dieron la razón a la ex empleada.

Sauna Azul

La Sauna Azul, junto a la Gran Vía, fue clausurada por el Ayuntamiento de Madrid tras operar entre 1989 y 2013 bajo licencias fraudulentas que ocultaban actividades de prostitución, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Paseo de la Castellana

La sauna del número 180 del Paseo de la Castellana también acumula sentencias judiciales significativas. La primera documenta un caso de usurpación de funciones públicas cuando, con motivo de una intervención policial en el local, un individuo se identificó falsamente como policía portando una placa falsa.

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena por el hurto de un iPhone X de 800 euros en el establecimiento. El tribunal condenó a 12 meses de prisión al individuo con antecedentes penales por delitos similares.

Además, el Tribunal Superior de Madrid determinó en el caso del prostíbulo de Castellana que existía en la licencia de instalación «absoluta falta de concreción, con la debida extensión y detalle, como exigen las ordenanzas, de la actividad que la actora pretende licenciar». Se anuló esa autorización municipal, como ha desvelado OKDIARIO.

Kilómetro Ochenta

El caso más grave corresponde al local Kilómetro Ochenta, gestionado por Francisco Enrique Gómez, hermano de Sabiniano. En 2016, una operación policial desarticuló una red de trata de personas que operaba desde este establecimiento ubicado en Segovia. Como reza la sentencia consultada por OKDIARIO, el encargado del establecimiento recibió tres años de prisión por coacción para ejercer la prostitución, mientras que toda la red criminal acumuló más de 20 años de cárcel.

Este historial judicial plantea décadas de un presunto sobresaliente lucro económico del que se pudo beneficiar a título lucrativo Pedro Sánchez y múltiples incidentes de gravedad legal.