Junqueras quería usar a los Mossos para tomar los puertos, aeropuertos y fronteras de Cataluña

Los documentos intervenidos por la Guardia Civil acreditan que el Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pretendía utilizar a los Mossos d’Esquadra para tomar los puertos, aeropuertos y «fronteras» de Cataluña tras la declaración de independencia. La Generalitat pretendía garantizarse así el «control del territorio» para forzar al Gobierno español a negociar una «independencia pactada».

La Guardia Civil halló en el registro de la Conselleria de Economía y Hacienda, que dirigía Junqueras, un dossier «reservado» de cinco páginas que describe los primeros pasos que los golpistas pretendían dar tras la declaración de independencia.

El primer paso sería, tal como ocurrió, la oferta del presidente Carles Puigdemont para negociar con el Gobierno central. Aunque como ha informado OKDIARIO, esta negociación se limitaría a dos aspectos: el establecimiento de plazos para la independencia y el «reparto de activos y pasivos» (bienes, infraestructuras y deuda pública) entre el Estado español y la república catalana.

A continuación, los golpistas llevarían a cabo varios gestos «simbólicos», como retirar la bandera española en el Palau de la Generalitat, el Parlament, las Consellerias, ayuntamientos y cuarteles de los Mossos, según detalla el informe. En este mismo apartado se incluye también el cambio de la señalización en carreteras y «fronteras», para eliminar todos los símbolos alusivos a España.

Ya habían delimitado las fronteras

El equipo de Oriol Junqueras señaló también como misión prioritaria el establecimiento de fronteras exteriores mediante la «delimitación del espacio terrestre, marítimo y aéreo de la república». El informe aclara al respecto: «Ya contamos con dos mapas (terrestre y aéreo), así como una memoria técnica que habrá que usar en la negociación con España».

Y a continuación añade otra tarea: «duplicar los controles fronterizos en todo el territorio, unos metros antes o después del control del Estado». El apartado de «observaciones» incluye el siguiente comentario: «Acceder al aeropuerto, a los puertos de Cataluña o a través de las autopistas/carreteras y encontrar presencia física de la PG-CME [Policía de la Generalitat-Cuerpo de Mossos d’Esquadra]».

Se trataba por tanto de llevar a cabo, en las primeras horas tras la declaración de independencia, la ocupación de las fronteras e infraestructuras básicas. Y esta tarea estaba encomendada a la Policía autonómica.

El mismo informe (incautado por la Guardia Civil en el despacho del número 2 de Junqueras, Lluís Salvadó) detalla la necesidad de crear nuevas unidades de los Mossos d’Esquadra, dedicadas al «control de fronteras y extranjería», registro de identidad (para expedir el Documento de Identidad de Cataluña, que sustituiría al DNI), control de armas y explosivos, lucha contra la ciberdelincuencia, salvamento marítimo, infraestructuras críticas y lucha contra el terrorismo.

Pero no sólo los Mossos d’Esquadra, que en aquel momento dirigía Josep Lluís Trapero, estaban implicados en este proyecto. En el apartado de «seguridad interna», el informe de los golpistas señala la «necesidad de unificar bajo un mismo mando todas las policías existentes en el país, especialmente las guardias urbanas». Es decir, se trataba de involucrar también en esta estrategia de «control del territorio», bajo un mando único, a las Policías Locales de los distintos ayuntamientos catalanes.

El documento prevé crear una Agencia Nacional de Inteligencia (la Generalitat ya había dado los primeros pasos para crear el llamado CNI catalán), una «estrategia de Defensa» (aunque no se concreta la creación de un Ejército catalán), tomar el control de las capitanías marítimas y crear una autoridad de gestión de los aeropuertos catalanes.

El informe elaborado por el equipo de Oriol Junqueras establecía un plazo de seis meses, desde la declaración de independencia, para hacer efectiva la «república» mediante un simulacro de negociación con el Gobierno central con mediadores internacionales.

Durante este plazo, añade el documento, «las fuerzas de orden del Govern de la futura república catalana deben garantizar la protección de las decisiones tomadas por los ciudadanos, el Govern y el Parlament». Es decir, los Mossos serían la fuerza de choque que, si es preciso, debía evitar que los dirigentes del golpe de Estado fueran detenidos por la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Sin embargo, el equipo de Junqueras tenía dudas de que todo el cuerpo de los Mossos respaldara estas decisiones. El informe dice literalmente: «Las problemáticas (potenciales y reales) son diversas, seguramente la más importante es la dificultad de garantizar que la Policía de la Generalitat-Cuerpo de Mossos d’Esquadra (PG-CME) esté en disposición operativa de hacerse con el control de las infraestructuras estratégicas/críticas, tanto por la oposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como por las reticencias de parte de sus mandos y miembros (o la necesaria colaboración de las policías locales de los municipios catalanes)».

Es decir, los estrategas del golpe no descartaban en absoluto enviar a los Mossos a enfrentarse con la Policía Nacional y la Guardia Civil para hacerse con el «control del territorio» y de las infraestructuras básicas, lo que necesariamente provocaría escenas de violencia. Pero temían que una parte de los agentes se resistieran a sumarse al golpe de Estado.

En el análisis que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil destaca que los golpistas admitían «abiertamente que en caso de una ruptura unilateral se podría generar una cadena de serios problemas económicos y financieros en España y en Cataluña que, incluso, podría contagiarse al sistema económico financiero e internacional». El titular de dicho Juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, instruye la causa a raíz de las querellas presentadas por el abogado Miguel Durán y por VOX.