Junqueras quería incluir el Museo del Prado en el reparto de bienes entre su «república» y España

El Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional y todos los archivos gestionados por el Gobierno español. El equipo de Oriol Junqueras en el Departamento de Economía de la Generalitat pretendía incluir todos estos bienes en una hipotética negociación para el «reparto de activos» entre España y una Cataluña independiente.

En el registro del despacho del número 2 de Junqueras en el Departamento de Economía, Josep Lluís Salvadó, la Guardia Civil halló un informe oficial de la Generalitat, elaborado en diciembre de 2016 y titulado «La distribución de activos y pasivos». Se encontraba en el interior de un sobre con la siguiente inscripción manuscrita: «En mano. Personal. Confidencial. De Francesc Sutrias a Josep Lluís Salvadó».

Se trata de un exhaustivo inventario de todos los bienes que los golpistas tenían previsto reclamar al Estado español, en la «negociación bilateral» que Carles Puigdemont había anunciado para culminar el proceso de independencia. El autor de este informe es Francesc Sutrias, quien en aquel momento era director de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda que dirigía Oriol Junqueras.

La Generalitat había valorado en 20.000 millones de euros los 4.630 inmuebles que los distintos Ministerios gestionan en Cataluña. Pero la voracidad de los golpistas no se iba a acabar aquí.

Junqueras ordenó a su equipo elaborar una lista detallada de todas las infraestructuras de titularidad estatal que la Generalitat se incautaría, incluyendo los puertos y aeropuertos, carreteras y líneas ferroviarias, cuarteles militares,  infraestructuras de regadíos y agua, plantas de gestión de residuos, instalaciones meteorológicas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El informe menciona además la pretensión de la Generalitat de reclamar al Estado, en una negociación de independencia pactada, todas las piezas de origen catalán que están depositadas en el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Traje, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Cerámica, el Museo Lázaro Galdeano y los «archivos y registros contemporáneos» gestionados por el Estado.

Esta negociación partiría de un chantaje inicial: el propio Oriol Junqueras había anunciado varias veces que si no se produce una «independencia pactada», la Generalitat se desentendería de su deuda pública, que supera los 80.000 millones de euros. Buena parte de esta deuda está avalada y respaldada por el Estado, por lo que tendrían que hacerse cargo de ella el resto de los españoles.

Este era el chantaje que Puigdemont y Junqueras tenían previsto poner sobre la mesa de una hipotética negociación. El informe intervenido por la Guardia Civil también expone esta opción: puesto que la deuda de la Generalitat ya resulta inasumible, «sería mejor renunciar a los activos para no tener que asumir los pasivos asociados a ellos. Los bienes territorializables pasarían a Cataluña sin contraprestación, y habría que centrar los esfuerzos en localizar los activos no territorializables y los extraterritorializables».

Es decir, tras la declaración de independencia la Generalitat se incautaría automáticamente de todas las infraestructuras del Estado situadas en Cataluña, y luego ofrecería al Gobierno central un simulacro de negociación, con la amenaza de no asumir los más de 80.000 millones de deuda pública.

El informe encargado por Oriol Junqueras a su director de Patrimonio parte del análisis de cómo se realizó el «reparto de activos y pasivos» en los procesos de desintegración de la antigua Yugoslavia y la URSS, la división de Checoslovaquia y los procesos planteados en Quebec y Escocia.

En el primero caso citado, fue necesaria una guerra civil con más de 140.000 muertos, la más cruenta que ha vivido Europa en las últimas décadas, para que se hiciera efectivo el desmembramiento de Yugoslavia. El informe elaborado por Oriol Junqueras a Francesc Sutrias ha sido remitido por la Guardia Civil al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.