El alto cargo de Ribera detenido en Forestalia usó «pretorianos» de la empresa que enchufó a Jésica

Eugenio Domínguez, el ex alto cargo de Teresa Ribera detenido en el caso Forestalia, se valió para la comisión de presuntas prácticas delictivas de una «guardia pretoriana» adscrita a Tragsatec, la empresa pública que enchufó a Jésica Rodríguez, ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así aparece reflejado en el informe elaborado por la Guardia Civil, al que ha accedido OKDIARIO, donde los investigadores subrayan que un testigo «calificó al equipo de Tragsatec que servía a Domínguez con la expresión de guardia pretoriana, quienes, según su declaración, emitían los informes que le llegaban al subdirector ya redactados para su firma, consolidando un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos».

Los trabajadores de Tragsatec, empresa pública a la que se derivaban expedientes para su evaluación, que actuaron como «pretorianos» del ex alto cargo de Ribera fueron, según los agentes, César Blanco Barrios, Livia Ramos Gonzalo y Óscar Mario Jiménez López.

Domínguez está acusado de «haber creado un sistema de tramitación paralelo», derivando los expedientes a la empresa pública Tragsatec para su evaluación bajo su supervisión directa. En concreto, este ex alto cargo del Gobierno socialista de Pedro Sánchez habría cobrado 5,2 millones de euros de Forestalia por el supuesto amaño de permisos a favor del gigante energético aragonés.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil remarcan que «la creación de una vía paralela de tramitación es uno de los puntos con mayor corroboración testifical (…), lo que sugiere un modus operandi consolidado y notorio». «A raíz del boom de las renovables, la mayoría de proyectos del Grupo Forestalia eran asignados directamente a Tragsatec. La tramitación se realizaba bajo la dirección y supervisión exclusiva de Eugenio Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», precisa el Instituto Armado.

Y añade: «Todos los trabajadores de la empresa Tragsatec que fueron llamados a declarar guardan una relación directa con la persona de Eugenio Domínguez. Esta relación laboral viene determinada por la asistencia técnica que estos testigos habrían prestado a Domínguez, alguno, durante más de diez años».

«Esta continuidad -prosigue el informe- permitió consolidar una autoridad reconocida que facilitó la ejecución de las presuntas irregularidades de forma sostenida. Dicha relación se acentuó todavía más a raíz del boom de las renovables aproximadamente a finales del año 2021. A partir de dicha fecha, Eugenio Domínguez utilizó la asistencia de Tragsatec en más de 100 proyectos relacionados con las energías renovables», relatan los agentes.

De esta manera, el ex alto cargo de Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, «contó solo con el apoyo de estos técnicos de Tragsatec para asegurarse la tramitación favorable de las propuestas de Declaraciones de Impacto Ambiental asociadas a dichos proyectos, punto imprescindible para el desarrollo final de los mismos». El caso Forestalia hace referencia al cobro de mordidas a cambio de permisos para la implantación de energías renovables en Teruel.

Tutelada por Agricultura

Tragsatec es la filial tecnológica del Grupo Tragsa que está presidido por el socialista Jesús Casas Grande desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. El propio Grande tuvo que comparecer el año pasado en la Comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones por el enchufe de Jésica García, ex novia de Ábalos que estuvo cobrando de esta empresa pública durante medio año sin ir a trabajar. También tuvo que desfilar por la Cámara Alta el director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas es quien «tutela tanto Tragsa como Tragsatec». Sin embargo, el Grupo Tragsa, al que pertenecen ambas empresas públicas, está controlado accionarialmente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda que capitanea María Jesús Montero.

En su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el marco de la trama PSOE, Jésica Rodríguez admitió ante el juez instructor Leopoldo Puente que pasó a formar parte de Tragasatec tras un cruce de mensajes entre Koldo y Ábalos para su recolocación, después de haber pasado dos años en Ineco donde tampoco hizo nada, teniendo como superior inmediato al hermano de Koldo, Joseba García.