Un «cooperador» del alto cargo de Ribera detenido en el ‘caso Forestalia’ es el notario de la Complutense

Javier de Lucas y Cadenas, acusado por la Guardia Civil de presunto blanqueo de capitales como «cooperador necesario» del ex alto cargo de Teresa Ribera detenido en el caso Forestalia, Eugenio Domínguez, ha ejercido como notario de referencia para la Fundación General de la Universidad Complutense.

Este notario ha actuado frecuentemente como fedatario público en las escrituras de poder, estatutos y convenios de la FGUC, y además ha sido profesor asociado de la Escuela de Práctica Jurídica de esta institución universitaria, según su propio currículum.

Sin embargo, el nombre de Javier de Lucas y Cadenas también aparece en la investigación realizada por la Guardia Civil en el marco del caso Forestalia. Los agentes le atribuyen un papel relevante en esta presunta trama de corrupción, consistente en el cobro de mordidas a cambio de permisos para la implantación de energías renovables en Teruel.

En concreto, el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Instituto Armado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que «en la estructura de la presunta organización criminal, el notario Javier de Lucas y Cadenas es considerado como un cooperador necesario en un posible delito de blanqueo de capitales».

Su intervención, precisa la Benemérita, fue la «herramienta esencial para garantizar la opacidad en las transacciones societarias empleadas para canalizar los presuntos pagos a Eugenio Jesús Domínguez Collado», el que fuera subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera -actual vicepresidenta de la Comisión Europea- y al que Forestalia habría pagado 5,2 millones de euros por el supuesto amaño de permisos a favor del gigante energético aragonés.

Asimismo, los investigadores detallan que este notario «facilitó la firma de contratos privados de compraventa de participaciones sociales mediante la figura del Acta de Depósito». De esta manera, los agentes remarcan que «en lugar de elevar a público el contrato, los documentos se introdujeron en sobres cerrados custodiados en la caja fuerte de la notaría». «Al utilizar esta técnica de depósito, las operaciones no quedaban registradas en el Índice de Actividad Notarial, impidiendo la trazabilidad de los cambios de titularidad real de las empresas por parte de las autoridades», enfatizan.

De igual modo, la Guardia Civil subraya que se ha detectado que, desde 2018, la mercantil Caliope Innova SL otorgó un total de 49 protocolos en esa misma notaría, la mayoría relacionados con el Grupo Forestalia».

En este punto, el informe dice que «es importante señalar que, cuando los agentes pertenecientes a esta Instrucción requirieron formalmente los protocolos, el notario omitió deliberadamente la entrega de uno de ellos», esto es, en el que intervenía personalmente el cargo público Eugenio Domínguez. Solo tras personarse la Guardia Civil en la notaría y constatar la «evidente falta de colaboración» del notario, se procedió al precinto policial de los sobres bajo autorización judicial.

«Prevención»

En este contexto, el Instituto Armado hace hincapié en que «como notario», Javier de Lucas y Cadenas es un «sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales». Sin embargo, los investigadores en tareas de policía judicial consideran que «su modo de actuar (alegando que no tenía obligación de incorporar contratos privados a las actas de depósito) permitió ocultar operaciones mercantiles sobre terceras sociedades de las que Eugenio Domínguez era el beneficiario final», apostillan.

Precisamente y al hilo de este asunto, los agentes ponen de manifiesto que «los notarios son sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) debido a su actividad profesional, debiendo identificar a los clientes, conocer la titularidad real de las entidades, y reportar operaciones sospechosas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)».

Esta obligación les exige cumplir con la Ley 10/2010 y normativas posteriores, como el registro de titularidades reales, consultando el registro central y manteniendo protocolos internos de control y formación, añade el informe de la Guardia Civil.