El dueño de Forestalia y un ex alto cargo de Ribera, detenidos en una operación por contratos irregulares

El propietario de Forestalia, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, figuran entre los seis detenidos en el marco de la Operación Peserte, por irregularidades en la emisión de resoluciones ambientales para beneficiar, a cambio de mordidas, al grupo Forestalia en la tramitación de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel.

Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, Samper, un empresario con intereses en diversos sectores, entre ellos las renovables, el porcino y los centros de datos, es uno de los detenidos en la operación que se ha hecho pública este martes con la puesta en marcha, a primeras horas de la mañana, de una docena de registros en Madrid (10) y Zaragoza (2), entre otros las sedes de Forestalia en ambas ciudades, así como los domicilios de presuntos implicados en la trama.

El empresario, de 62 años, es uno de los seis detenidos junto con Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica y la Unidad Operativa Medioambiental del Seprona investiga si este pudo beneficiar, a cambio de mordidas, al grupo Forestalia en la tramitación de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel.

Ahora los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios. Asimismo, los agentes han asegurado que a lo largo de las pesquisas desarrolladas en algunas de las zonas de ubicación de estos parques energéticos se han hallado «aves electrocutadas» y otros elementos que podrían poner en cuestión la «viabilidad ambiental de las licencias obtenidas».

En la ciudad de Zaragoza se han iniciado los registros de la sede de la compañía así como en el domicilio de su propietario, en el marco de una operación que implicaría a una veintena de empresas de energías renovables, entre otras las del clúster del Maestrazgo (Teruel), un proyecto eólico de gran magnitud denunciado ante la Fiscalía de Aragón.

En una operación diferente a la que lleva a cabo el Seprona, la UCO entró en la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025 para tratar de determinar su vinculación con el ex dirigente socialista Santos Cerdán y con la llamada fontanera del PSOE Leire Díez.

Según otras fuentes relacionadas con la investigación, la Guardia Civil tenía bajo sospecha a Forestalia también por una subvención de unos «17 millones de euros» a Arapellet, empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía.