A qué se dedican SEPI, Mercasa, Enusa, Sepides y Forestalia, las empresas investigadas por la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este jueves varios registros en las sedes de varias empresas públicas dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. En concreto, la Guardia Civil ha intervenido en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).

Los agentes han acudido a las sedes de las empresas públicas a requerir información, aunque en el caso de Enusa -donde estuvo contratada Leire Díez- se ha hecho un registro más exhaustivo. En cualquier caso, todos los movimientos están enmarcados dentro de la investigación por la que fueron arrestados este miércoles Díez, Fernández y Alonso por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Pero, ¿a qué se dedican las empresas que ahora están bajo el punto de mira de la UCO?

En primer lugar, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una empresa pública española que actúa como holding de las participaciones empresariales de titularidad pública nacional. Es decir, se trata de un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público, cuya misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo siempre al interés público. De esta forma, tal y como indica en su propia web la gestión de SEPI «debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social».

Grandes empresas públicas

Enusa, por su parte, está participada en un 60% por la SEPI y se centra en el negocio nuclear en la primera parte del ciclo combustible que comercializa tanto a nivel nacional como internacional. La entidad realiza el suministro de uranio enriquecido a todas las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas: gestiona su compra, los servicios de conversión y de enriquecimiento y la logística de los movimientos de uranio desde su lugar de origen hasta la entrega del uranio enriquecido. Díez trabajó tres años en la empresa y actualmente el presidente de la misma es Mariano Moreno.

Otra de las sedes investigadas ha sido la de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES). Su actividad fundamental es funcionar como entidad ejecutora de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia apoyando al Ministerio de Industria y Turismo gestionando estos fondos y ayudas. De hecho su objetivo pasa por dinamizar la actividad empresarial de acuerdo con la política industrial europea y española. Actualmente está presidida por Javier Rosell Pérez y participada al 100% por la SEPI.

En el caso de Mercasa, se trata también de una empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA).

La entidad presta servicio público al conjunto de la cadena alimentaria, sobre todo al escalón mayorista de alimentación fresca, a través de la Red de Mercas. Su presidente en la actualidad es José Manuel Miñones Conde y está participada en un 51% por la SEPI y en un 49% por FEGA.

Forestalia, la gran desconocida

Forestalia, otra de las empresas registradas es, sin duda, una de las menos conocidas para el público general. Se trata de un grupo empresarial fundado por Fernando Samper Rivas hace más de 60 años. La compañía ganó notoriedad en el sector energético por su apuesta temprana por las energías renovables. Sin embargo, en menos de una década la empresa evolucionó  hasta posicionarse como un agente clave en la transformación digital europea.

Su actividad ahora estaba ligada al conocido como proyecto Búfalo, declarado de interés autonómico por el Gobierno de Aragón que cuenta con una inversión prevista superior a los 12.000 millones de euros. Forestalia aspira a que parte de su cartera de proyectos renovables sirvan de soporte para alimentar centros de datos o gigafactorías de baterías.