La nueva fiscal general acusa al Supremo de inventarse un delito para condenar a García Ortiz

La Fiscalía, con Teresa Peramato al frente, se lanza al ataque contra el Tribunal Supremo y le pide que anule la sentencia condenatoria de dos años de inhabilitación contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La nueva fiscal general acusa al Supremo, en un escrito, de inventarse un delito para condenar a su antecesor.

María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, ha pedido a la Sala Penal del Alto Tribunal la anulación de la condena de dos años de inhabilitación a García Ortiz debido a que, dice, vulnera la presunción de inocencia, la legalidad penal, el derecho de defensa y el derecho a una tutela judicial efectiva. Además, Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía General dirigida por Teresa Peramato, incide en que el Supremo ha «creado un tipo delictivo» para condenar al que fuera, hasta su condena, fiscal general del Estado.

Un tribunal de siete magistrados, con el voto discrepante de dos magistradas progresistas, puso fin al mandato de García Ortiz que venía agonizando desde que se encausara al entonces fiscal general del Estado por la filtración de que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso ofreció a Fiscalía reconocer los dos delitos fiscales por los que le investigaba a cambio de eludir la cárcel.

Según ha adelantado El Español, la teniente fiscal del Supremo, en un escrito afirma que el delito de revelación de secretos que le ha costado el cargo a García Ortiz «no contempla la conducta del funcionario que revela datos [que ya son] públicos» debido a que estos son revelados «por una pluralidad de medios de comunicación».

Sánchez Conde da credibilidad como hicieran las magistradas progresistas, al testimonio de los periodistas que en el juicio a Álvaro García Ortiz afirmaron que accedieron, antes que el entonces fiscal general del Estado, al correo electrónico por cuya filtración ha sido condenado. En este email, enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Delitos Económicos, el abogado de Alberto González Amador reconocía que su defendido había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.

«La sentencia prescinde sin explicación alguna del análisis del testimonio de muchos testigos de descargo», afirma la fiscal, sobre los periodistas. Además, añade que «del hecho de que La Sexta publicó (…) horas antes a que lo hiciera la Cadena Ser una noticia donde daba cuenta de la información que se contenía en el correo de 2 de febrero (…) antes de que lo hubiera recibido García Ortiz», afirma la número dos de la Fiscalía en el escrito.

«La norma contiene como verbo nuclear el revelar o, lo que es lo mismo, descubrir o manifestar lo ignorado o secreto y parece evidente que cuando el dato ha sido divulgado por cadenas radiofónicas de amplia audiencia, por programas televisivos y prensa escrita, dicho dato ha dejado de ser ignorado o secreto», argumenta Sánchez Conde, nº2 de Peramato como lo fue de García Ortiz.