El fiscal Stampa omite en su libro que se confabuló con Podemos para perjudicar judicialmente a Eduardo Inda

La historia del ex fiscal anticorrupción Ignacio Stampa tiene dos versiones. La que él mismo relata en su libro y la que los hechos documentados permiten reconstruir. En la suya, Stampa es un fiscal íntegro que llevaba 38 meses investigando a Villarejo «sin que nadie supiera de mí» hasta que una filtración interesada de chats internos de Podemos —obra del ex abogado del partido José Manuel Calvente, «preso de cólera por haber sido expulsado»— desencadenó «un ataque feroz» de varios medios de comunicación que le acusaban de revelar información del procedimiento al partido morado.

El gancho para que esa acusación tuviese credibilidad, sostiene Stampa, fue la supuesta relación íntima con la abogada de Podemos Marta Flor Núñez, una «maniobra de intoxicación informativa» muy propia de «la factoría Villarejo». En la versión que ofrecen los chats desvelados hace casi seis años por El Confidencial y los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, el fiscal no era una víctima. Era un actor.

La confluencia de intereses que Stampa denuncia

Lo que Stampa sí denuncia con detalle en su libro es la operación que, a su juicio, orquestaron Dolores Delgado —entonces fiscal general del Estado y antes ministra de Justicia—, Álvaro García Ortiz —su número dos en la Secretaría Técnica y actual fiscal Ggneral— y el ex juez Baltasar Garzón —pareja sentimental de Delgado y responsable de un despacho de abogados con intereses directos en el caso— para neutralizarle como fiscal del caso Villarejo.

La tesis de Stampa tiene una lógica que no carece de fundamento. Los principales investigados en la causa eran el comisario Villarejo —que presumía públicamente de su amistad con Delgado y Garzón— y el comisario García Castaño, defendido precisamente por el despacho de abogados de Garzón. «Nos parecía que había unos vínculos personales que debían impedir que Dolores Delgado interviniera en aquel Consejo Fiscal», escribe Stampa, quien añade que la fiscal general dirigió la investigación contra él «de forma oculta» a través de «órdenes verbales que vuelan y, por tanto, desaparecen».

El instrumento operativo de esa maniobra habría sido García Ortiz, quien —según documentó el instructor del expediente antes de que las «sugerencias» fueran expurgadas del mismo— presionó reiteradamente para que la investigación sobre Stampa se prolongara con diligencias «absolutamente inútiles» que retrasaron su archivo durante meses. Esa actuación le costó a la Fiscalía General sucesivas condenas en los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En octubre de 2020, Delgado denegó la propuesta para otorgar a Stampa una de las 9 plazas de Anticorrupción a las que había optado, tras verse involucrado en una investigación en la Fiscalía de Madrid por presunto delito de revelación de secretos a la abogada de Podemos, Marta Flor, en el marco del caso Villarejo. De esta forma, Stampa quedaba apartado definitivamente del caso Tándem. Sin embargo, el otro fiscal del caso Villarejo, Miguel Serrano, que tampoco tenía una plaza fija, sí fue admitido. En noviembre de 2020, Stampa regresó a la Audiencia Provincial de Madrid al vencer su comisión de servicios. Un año después, en noviembre de 2021, la Fiscalía General del Estado le abrió un expediente de investigación que quedó en nada.

Lo que Stampa olvida contar

La versión de Stampa, sin embargo, omite el capítulo que explica por qué su nombre acabó en el centro de la tormenta. Los chats del equipo jurídico de Podemos desvelados por El Confidencial son inequívocos: la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez, reconocía haber consultado directamente a uno de los fiscales anticorrupción —apodado Ironman en las conversaciones—. Demuestran que el partido de Pablo Iglesias y los fiscales anticorrupción se confabularon para beneficiar a la formación morada a la hora de que el Tribunal Supremo aplazara la sentencia del caso Granadinas para favorecer a Iglesias.

El 27 de septiembre de 2018, Podemos se reunió con Stampa y Miguel Serrano para pactar una estrategia común que permitiera al partido convertir el caso Tándem en una investigación general sobre las supuestas cloacas del Estado. El plan fue preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el proceso abierto en el alto tribunal sobre la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas del líder de Podemos.

El 2 de julio de ese año, los chats del equipo jurídico de Podemos registraban la euforia tras una de esas reuniones con una frase que lo decía todo: «Reunión con los fiscales: Triunfo máximo (absoluto, brutal, descomunal, titánico…). Nos han dicho que perfecto, que metamos la denuncia contra Inda y que van a informar favorablemente a su admisión, y que meterán investigaciones de su propia cosecha».

Era Calvente, ex coordinador del equipo jurídico de Podemos, quien puso el dedo en la llaga cuando en octubre de 2019 envió un burofax a la dirección del partido alertando de que Marta Flor podía poner en peligro la causa contra Villarejo al «anteponer sus relaciones íntimas» con uno de los fiscales.

«Las reuniones entre Marta Flor y los fiscales Stampa y Serrano son anteriores al caso Dina. Existen estos encuentros desde las primeras piezas del caso Tándem», declaró Calvente. Y añadió que se negó a autorizar a Flor «a entregar documentos con información confidencial del partido a los fiscales del caso Tándem» porque no quería que esos fiscales «marcaran el ritmo de trabajo al equipo jurídico del partido».

La denuncia falsa que silenció a Calvente

Lo que Stampa despacha en su libro con dureza —calificando a Calvente de abogado que andaba «divulgando sus propias intimidades a los periodistas que querían oírle, preso de cólera por haber sido expulsado de Podemos»— tiene una explicación que el ex fiscal omite deliberadamente. Calvente no fue expulsado de Podemos por divulgar chats internos. Fue expulsado porque denunció internamente la presunta relación de Marta Flor con Stampa y porque investigaba presuntas irregularidades financieras en el partido.

La respuesta de la dirección fue instrumentalizar una denuncia de acoso sexual presentada por la propia Marta Flor para cesar a Calvente de forma fulminante. En julio de 2020, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid archivó esa querella. La juez consideró que Calvente no había acosado a su compañera. Pero el daño ya estaba hecho: Calvente había sido purgado, silenciado y desacreditado.

Stampa fue apartado del caso Tándem. Pero el detonante de su caída no fue una conspiración de Villarejo ni una maniobra de Delgado ejecutada desde la nada. Fue la documentación de su propia connivencia con Podemos, registrada en los chats que él mismo ayudó a alimentar. El fiscal que quería «ayudar» al partido a paralizar una sentencia del Supremo acabó siendo víctima de las mismas reglas del juego que había aceptado jugar.