Sánchez obligará por ley al Constitucional y al CGPJ a tener el mismo número de mujeres que hombres

Nuevo anuncio en campaña electoral. Aunque esta vez, prácticamente en diferido. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana en segunda vuelta la Ley de Representación Paritaria, que posteriormente se enviará al Congreso de los Diputados, y en la que se obligará también al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) a que que tengan paridad en sus órganos de dirección.

El líder socialista, en el marco de un mitin en Santander, ha confirmado que la norma afectará también a los órganos constitucionales del Estado. Es decir, que además del CGPJ y el TC, también el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial deberán tener la misma proporción de hombres que de mujeres en los puestos de responsabilidad.

El Instituto de las Mujeres, a día de hoy en manos de Podemos, y el Consejo Nacional de Mercados y Valores, serán los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la representación paritaria en las entidades de interés público y en las empresas que cotizan en bolsa. Así se recoge, según ha dicho Sánchez, en el anteproyecto de ley que se aprobará mañana.

La ley obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, los colegios profesionales y los jurados de reconocimientos públicos. En el caso de las listas electorales los partidos políticos las tendrán que configurar con el sistema cremallera de hombre-mujer-hombre-mujer.

Sánchez también ha manifestado que la voluntad del Gobierno que preside es que la nueva ley adelante de forma definitiva en esta legislatura, es decir antes de final de año. Por ese motivo, el Ejecutivo aprieta el acelerador con el fin de que los plazos que tenía previstos se puedan cumplir y se garanticen este cambio normativo antes de que se disuelvan las Cortes Generales en el mes de octubre. Una norma que ha generado bastante controversia, ya que que afectará también a las empresas del sector privado, entrometiéndose el Gobierno en su funcionamiento.

Pese a que se trata de una norma liderada desde el Ministerio de Igualdad, durante la aprobación en primera vuelta, en el mes de marzo, el jefe del Ejecutivo impidió a la ministra Irene Montero comparecer ante los medios de comunicación para explicar el contenido y los detalles de la misma.