Podemos en la Mesa del Congreso: «¿Qué pasa? ¿Tenemos que acatar lo que diga el Supremo?»

La decisión de la Mesa del Congreso de declarar la suspensión automática de los presos diputados ha chocado con el desacuerdo de Podemos. Durante la reunión del órgano parlamentario, la formación de Pablo Iglesias se ha manifestado totalmente en contra y ha pedido más tiempo para analizar el informe de los servicios jurídicos del Congreso, remitido unas horas antes, y en el que avalaba dicha suspensión en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Los representantes de Podemos cuestionaron, según fuentes presentes en la reunión, que la Mesa, en tanto poder legislativo, tuviese que asumir lo que ya instó la Justicia: «¿Qué pasa? ¿Que tenemos que acatar lo que diga el Supremo», observaron los dirigentes de la formación morada.

El partido de Pablo Iglesias considera el alto tribunal «ha intentado que el Congreso saque la cara por él» tratándose, a la vista del informe de los letrados, «de una decisión eminentemente jurídica».

Según ese informe, los diputados independentistas estarían ya suspendidos de facto, en aplicación de su artículo 384 bis de la Lecrim: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». La controversia esencial durante toda esta semana ha sido si correspondía a la Justicia -en virtud de dicha Ley- o al Congreso, según la aplicación de su propio Reglamento, la suspensión de los políticos.

El artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara establece que «el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». En este caso, el Alto Tribunal descartó solicitar el suplicatorio, al encontrarse el proceso judicial contra los dirigentes del ‘procés’ ya muy avanzado.

«Precedente terrible»

En las mismas fuentes de Podemos se cuestiona la consecuencia final de todo este embrollo, que es que los dirigentes independentistas en prisión -Junqueras, Rull, Turull y Sánchez- no tendrán ya condición de diputados. En Podemos creen que «se sienta un precedente terrible» suspendiendo a políticos «elegidos por los ciudadanos» a sabiendas de que ya habían sido procesados.

La suspensión se hará efectiva con carácter retroactivo, desde el pasado 21 de mayo, día de la toma de posesión. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha calificado la situación de inédita y ha destacado que su intención era respetar los principios constitucionales y los derechos de los diputados, con seguridad jurídica. La decisión del PSOE y de Podemos de solicitar el informe a los letrados ha retrasado durante unos días una decisión que era incuestionable.

Desde el PP se ha criticado esa tardanza, siendo como era una cuestión «automática» por «imperativo legal». La vicepresidenta tercera de la Mesa, Ana Pastor, criticó que se hubiesen «perdido innecesariamente» dos días en confirmar la suspensión.

Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado a Batet de «esconderse detrás de los informes jurídicos» para «retrasar» también la decisión y ha considerado que «se ha visto forzada» finalmente a confirmarla cuando «no le quedaba otra», permitiendo «que se humille a los españoles». Según Villegas, ese retraso obedece a que Batet, y Pedro Sánchez, «no quieren quedar mal ante los golpistas».

Por parte de Podemos, la portavoz parlamentaria, Irene Montero, ha dicho que los presos diputados deberían poder ejercer como parlamentarios «por respeto a los votantes».

Durante la reunión, el PSOE se ha negado a votar, como habían solicitado PP y Ciudadanos en la intención de obligar al partido de Pedro Sánchez a retrasarse.

Batet intentó un acuerdo ‘a medias’

Batet, según las fuentes presentes en el encuentro, intentó sacar adelante un acuerdo en el que no constaba que, en consecuencia de la suspensión, los diputados verían alterados sus derechos y deberes.

El PP, representado por Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, obligó a incluir en el texto final que la Mesa, además de declarar «automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo» a estos políticos, también lo hacía «en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento de la Cámara».

Esos son, entre otros, «recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas», percibir «una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función», además de «ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función».

Además, el Reglamento establece que los diputados «gozarán de inviolabilidad» e «inmunidad» y «sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso».