El PNV y Bildu se unen para exigir a Sánchez un referéndum “habilitante de autodeterminación” en la próxima legislatura

Los peajes que tendrá que pagar Pedro Sánchez en caso de llegar al Gobierno siguen en aumento. Y, en especial, los procedentes desde el bando separatista. El PNV y Bildu han llegado a un acuerdo para exigir de forma conjunta una relación “bilateral” entre el País Vasco y el Gobierno de España. Un acuerdo que incluirá unas bases pactadas entre ambos partidos y que deberán incluir la autodeterminación de lo que ya llaman “nación vasca” y la convocatoria de una “consulta habilitante”, es decir, un referéndum separatista, previo a que el nuevo Estatuto vasco sea enviado a las Cortes.

Desde octubre de 2018 tanto el PNV como Bildu acercan posturas en la concreción de un nuevo Estatuto de autonomía vasco. Ese texto, que se negocia desde esa fecha con el PSOE-PSE, recoge el plan separatista pactado por las dos formaciones. Mikel Legarda, diputado del PNV en el Congreso, es el encargado de coordinar los trabajos. El texto debía haber estado finalizado este pasado mes de junio, pero se ha habilitado una prórroga hasta el 30 de noviembre.

La propuesta de Estatuto deberá ser debatida posteriormente en el Parlamento Vasco a lo largo de 2020. Y es allí donde PNV y Bildu quieren que el PSOE se sume a lo que los nacionalistas denominan ya como una “concertación nacional en Euskadi y un pacto de garantía bilateral con el Estado”.

Algo que, como base del acuerdo del PNV y Bildu, deberá contar con ese referéndum “habilitante” previo a la remisión del texto al Congreso de los Diputados. Toda una declaración de intenciones. Porque el objetivo es que el texto que salga del Parlamento Vasco llegue a Madrid con la advertencia de que cuenta con el respaldo del pueblo vasco. Traducido: que si se altera, se hará en contra de los votantes de esta región.

Trato «de igual a igual»

El partido de Urkullu lleva trabajando desde hace mucho tiempo en la elaboración del texto. Y en él ha plasmado ya el trato “de igual a igual”, de “no subordinación”, de esta comunidad autónoma con respecto a España.

Sánchez se ha comprometido ya a negociarlo. El texto incluye, además, que el sujeto jurídico político de esa supuesta nueva nación es el de “Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte integrante del pueblo vasco, en desarrollo y actualización de los derechos históricos y fundamentándose en la libre y democrática decisión de las ciudadanas y ciudadanos”.

La aclaración sobre el grado de autodeterminación aparece de inmediato en el texto en el apartado titulado “Vínculo con el Estado español”. En éste se señala sin rodeos que “se configurará un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo, de naturaleza confederal. El nuevo marco político de relación con el Estado español se estructurará al amparo de la disposición adicional 1ª CE y la adicional única del Estatuto de Guernica, estableciendo un nuevo modelo relacional, singular y bilateral, que estará fundamentado en el reconocimiento de ambas partes como sujetos políticos. La relación será de respeto mutuo y de no subordinación, y a tal efecto se anudará un sistema de relación bilateral efectiva e incorporará un régimen eficaz de garantías que blindará el autogobierno vasco”.

Traducido: la comunidad vasca se considera ya autodeterminada aunque, libremente y en igualdad con lo que ellos consideran un ente similar -en referencia a España-, deciden seguir beneficiándose de la convivencia conjunta. Y todo ello porque, como señalan, “el pueblo vasco es nación porque así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía, y porque, además, cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado”.