Ninguno de los 200 okupas abandona la vieja cárcel de Palma: el juez tendrá que ordenar su desalojo

Ninguno de los 200 okupas ha abandonado la vieja cárcel de Palma, por lo que el juez tendrá que ordenar su desalojo una vez que el Ayuntamiento lo solicite. La realidad es que dos semanas después de iniciar el procedimiento para que los okupas que malviven en este edificio degradado y en ruinas se marcharan, el Consistorio palmesano no tiene constancia de que ninguno de ellos haya abandonado de forma voluntaria el inmueble.

Lo ha manifestado la portavoz municipal Mercedes Celeste, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal. Por el momento, la cifra de personas que han sido notificadas del desalojo se mantiene en unas 170, las mismas que hace una semana.

«Seguimos informando a las personas que faltan por informar, pero no tenemos constancia de que ninguna haya dicho que quiere desalojar voluntariamente», ha dicho la regidora.

Celeste no ha sabido aclarar cuántas de estas personas que sí han sido notificadas han decidido presentar alegaciones; si bien la idea del Ayuntamiento, según fuentes municipales, es esperar a que todos hayan sido notificados para resolverlas.

«Cumpliremos los plazos y las acciones administrativas serán lentas pero seguras. Tardaremos lo que tardaremos, pero el objetivo está marcado y no hay vuelta atrás. «Desde el Ayuntamiento seguimos en contacto y con la mano tendida a todas las entidades y administraciones», ha destacado.

No obstante, los okupas cuentan con el apoyo de colectivos de la izquierda radical, como es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que anima a las personas que okupan la antigua prisión de Palma, tres de cada cuatro de origen magrebí, a resistir el proceso de desalojo y que está convocando actos de apoyo.

Pese a ello, hay informes técnicos elaborados por Bomberos de Palma, Policía Local y Urbanismo que advierten de un riesgo real y creciente, tanto para quienes permanecen en el interior como para los servicios de emergencia, ya que en los últimos meses se ha detectado un cambio de tendencia en la convivencia y perfil de sus ocupantes, que ha derivado en un aumento progresivo de los incidentes y de la conflictividad.

Estos documentos constatan, por un lado, la grave situación de insalubridad del recinto, con acumulación de basuras y residuos que ha favorecido la proliferación de ratas y plagas, y por otro, el elevado riesgo de incendio, tanto por los numerosos fuegos contabilizados —en su mayoría provocados— como por la propia configuración estructural del edificio.