El Gobierno admite que los yihadistas «pueden aprovechar» la inmigración ilegal para llegar a España

En innumerables ocasiones, el Gobierno ha rechazado cualquier vínculo entre la inmigración ilegal y el terrorismo yihadista. Sin embargo, la nueva Estrategia contra el Terrorismo, coordinada por el Ministerio del Interior y aprobada la semana pasada, alerta precisamente, y de manera insólita, de esa conexión. El documento, prácticamente centrado en la amenaza yihadista, avisa así que la crisis en el Sahel «afecta indefectiblemente a la estabilidad en la zona y, de manera directa, a los intereses nacionales de España, especialmente en lo que se refiere a la amenaza terrorista y al aumento de los flujos migratorios irregulares que pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos».

Una circunstancia que, recoge el informe, afecta «los esfuerzos en la lucha antiterrorista» que «deben centrarse en misiones de adiestramiento enfocadas a capacitar a las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad locales para la contención del terrorismo, así como en la mejora de los sistemas de control migratorio».

Es más, el informe abunda en que «existen varios elementos que mantienen esta amenaza, entre los que se encuentran los estrechos vínculos entre yihadistas magrebíes con residentes en nuestro país, así como el elevado porcentaje de combatientes terroristas extranjeros y terroristas detenidos en España» procedentes del Sahel.

Aumento de la inmigración

La inmigración ilegal se disparó el año pasado un 82% con respecto al anterior, con 56.852 llegadas a nuestro país, la segunda cifra más alta de la serie histórica. El flujo de inmigrantes  fue especialmente preocupante en el caso de Canarias, desbordando todas las previsiones. El archipiélago recibió 610 cayucos con 39.910 inmigrantes, 24.228 más que en 2022.

Ante esta circunstancia, el Gobierno derivó a los inmigrantes a distintos puntos de la Península, lo que generó malestar en ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP por la falta de coordinación y no ser informados de los traslados con la debida antelación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó entonces a no identificar la llegada de inmigrantes irregulares con la alerta antiterrorista: «Son dos fenómenos distintos a los que las fuerzas de seguridad hacen frente de forma adecuada». El ministro aseguró que toda persona que entra en España figura en las bases de datos, por lo que si suponen un peligro para la seguridad «son objeto de seguimiento» dentro de los parámetros de legalidad, sean inmigrantes regulares o irregulares.

«No hagamos ese discurso, porque es confuso, peligroso y a lo único que ayuda es a fomentar los discursos xenófobos y los delitos de odio», aseveró Marlaska.

Tráfico de personas

No sólo la inmigración ilegal aparece vinculada al fenómeno terrorista. La Estrategia contra el Terrorismo avisa además que «las conexiones puntuales detectadas entre yihadistas y redes de tráfico de personas, sobre todo en el Mediterráneo central, incrementan el riesgo de entrada en territorio europeo de retornados y de otros terroristas, así como de individuos altamente radicalizados».

Por ello, «la colaboración y la cooperación europea e internacional en materia de seguridad en la zona se conforma como la herramienta fundamental para contrarrestar y frenar el aumento de esta amenaza».

«La lucha contra el terrorismo en el Magreb constituye una prioridad para España, afectando a nuestra seguridad e intereses en dicha región de manera directa, constituyendo, por tanto, uno de los grandes desafíos en esta materia. Los vínculos existentes entre el crimen organizado y el terrorismo están provocando que el fenómeno yihadista se esté desarrollando y expandiendo, proporcionando a las filiales africanas de DAESH y Al Qaeda diversos recursos logísticos, así como armamento o formación», avisa el documento.

La Estrategia advierte de la «amenaza de los actores solitarios» que «se ha incrementado en los últimos años», sobre todo por el acceso a la propaganda extremista en Internet y las redes sociales.

En diciembre, el PSOE permitió la toma en consideración de una reforma legal de Sumar para borrar el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya han advertido de su impacto en las investigaciones sobre el terrorismo yihadista.