Otro documento desenmascara a Sánchez: su plan de movilidad hasta 2030 también defiende los peajes

Pedro Sánchez ha admitido este viernes que «es verdad» que planteó a la Comisión Europea un peaje por el uso de las autovías, tal y como se recoge en el llamado Plan de Recuperación. El socialista ha negado durante días esta posibilidad, tachándola de «bulo» del PP y Vox. Incluso la rechazó tajantemente durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el documento de compromisos remitido a Bruselas para la obtención de los fondos europeos no es el único documento en el que se recoge la intención del Gobierno socialista de imponer a los españoles un nuevo mecanismo para financiar las infraestructuras viarias. La propia Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, aprobada en 2021 y que «guía las actuaciones en materia de movilidad, infraestructuras y transportes en los próximos 10 años» lo avanza expresamente en su «Eje 2: Nuevas políticas inversoras».

En este plan se defiende imponer un «mecanismo de financiación de la red de carreteras del Estado que repercuta al usuario al menos los costes de conservación y mantenimiento de la red estatal de vías de alta capacidad, así como para internalizar parte de las externalidades del transporte por carretera». «Este mecanismo de financiación podría basarse en el establecimiento de peajes (pago por distancia recorrida y tipo de vehículo), tasas (pago por el derecho a utilizar la infraestructura por un determinado periodo de tiempo) o sistemas mixtos (peajes para camiones, tasas para turismos)». El Gobierno incluso plantea la «posibilidad de extender el modelo a redes de carreteras no estatales». Sí matiza que «en cualquier caso, será necesario un consenso social y político, para lo que será necesario establecer ciertos elementos de compensación de carácter social para los colectivos más afectados».

Cargo al usuario

En cualquier caso, la defensa de un sistema de pago por el uso de las vías es total. El Ejecutivo se queja en esta estrategia de que «actualmente sólo el 5% de la red de carreteras del Estado, que corresponde a las autopistas de peaje, se financia con cargo directo al usuario de la vía, tendiendo a descender esta cifra conforme van finalizando los plazos de los contratos de concesión todavía en vigor en las autopistas de peaje». «Por lo tanto, en el 95% de la Red de Carreteras del Estado se financia con cargo a presupuesto público y, por tanto, es sostenida por los contribuyentes, siendo difícil asegurar el cumplimiento de los principios de quien contamina paga o del usuario paga», se indica. Por otra parte, advierte el documento, «la necesidad de recursos para la conservación y mantenimiento de la red de carreteras es creciente».

«En esta situación, sería deseable que se estudien alternativas al modelo actual de financiar la Red de Carreteras del Estado, al menos las infraestructuras de alta capacidad (autopistas y autovías) y principales carreteras convencionales, que concentran la mayor parte de la movilidad», sostiene el Ejecutivo. El objetivo es doble: «Que el usuario asuma los costes de mantenimiento y explotación de la infraestructura y la internalización de parte de los costes externos sociales y medioambientales generados por el transporte por carretera», así como «asegurar que los órganos gestores de las carreteras cuenten con fuentes de financiación finalistas y estables para asegurar la adecuada conservación de nuestro patrimonio viario, independientes de los ciclos presupuestarios públicos».

«Si la implantación no se realizara de manera unificada y coherente para todas las redes, se podrían generar distorsiones indeseables que deriven en la ineficacia del sistema. Por lo tanto, el nuevo modelo de financiación de carreteras deberá estar basado en los principios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, y requerirá un diálogo con los grupos políticos, agentes sociales y otras administraciones con competencias concurrentes para lograr un consenso amplio», concluye.

Pese a la evidencia, el candidato socialista ha tratado de esconder durante toda la campaña una realidad prometida a Bruselas. Este mismo jueves, la propia Comisión Europea reiteró los planes del Gobierno de imponer peajes: «Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de quien contamina, paga», confirmó en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts. El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, se refirió a esta medida hace una semana, en plena campaña electoral del 23J. Sin embargo, todo el Ejecutivo, con Sánchez a la cabeza, salió a desautorizarle.

«La realidad es dinámica y hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea. Es lo que se está negociando», ha tratado de matizar Sánchez este viernes, en TVE. El socialista ha explicado que «han pasado cosas entre 2021 y 2023, hemos superado la pandemia y estamos sufriendo una guerra», pero no ha aclarado si Bruselas aceptará ahora que se retire esa medida.