Los retos económicos de España (III)

Seguimos con el repaso de la actualidad económica en España. Tras las dos primeras entregas, analizamos ahora otro aspecto capital: las reformas estructurales. Incluso el Banco Central Europeo incide en que nuestro país no ha sabido hacerlas. Por ejemplo, la reforma laboral —ensalzada como un éxito sin precedentes— se desmantela al cruzar el umbral de los tribunales de justicia. Lo del mercado único sigue siendo un brindis al sol. Diecisiete marcos legales, a razón de uno por autonomía, más el estatal originan. Una torre de Babel indescifrable. La reforma de la financiación autonómica no cristaliza ni cristalizará en esta legislatura. El reguero de empresas públicas deficitarias sigue presente en nuestras vidas, con algunas de esas entidades cuya razón de ser y papel escapa a los límites del intelecto. La clonación de la Administración no se interrumpe.

La consecuencia de esos desfases nos traslada al escenario de la deuda pública, imparable, galopando, insaciable, acumulándose al ir cosechando ejercicio tras ejercicio abultados déficits públicos. En octubre de 2017 la financiación bruta de las Administraciones Públicas alcanzaba 1.134.000 millones de euros, o sea, 1,134 billones. Esta suma, no nos engañemos, es impagable. Mientras tengamos a un eviterno Mario Draghi, tranquilos; mientras la expansión cuantitativa, con la compra de deuda soberana, por parte del Banco Central Europeo esté en marcha —por lo menos hasta septiembre de 2018 y si es necesario, para animar a la aún alicaída inflación, más allá de esa fecha—, tranquilos. Pero cuando el balance del Banco Central Europeo esté repleto de compra de deuda y los activos se amontonen apuntando hacia la cifra mágica de los 3 billones de euros, ¿qué sucederá? Después, habrá que desaguar tanto activo.

Nuestra deuda pública roza el 100% del PIB. Todo lo que producimos en un año, lo debemos. Tras la obsesión más que justificada por parte de la Comisión Europea de ajustar el déficit público de los Estados miembros por debajo del 3% —requisito contemplado en el contexto de la Unión Económica y Monetaria (UEM)—, en breve llegará la exigencia de atajar la deuda pública a un máximo del 60% del PIB del respectivo Estado —condición igualmente requerida en la UEM—. Por delante, los españoles solo tendremos un envite: aminorar en unos 500.000 millones de euros el volumen de nuestro endeudamiento público. ¡Y pensar que en 2007 el peso de nuestra deuda pública, con menos de 385.000 millones de euros, era inferior al 36% sobre el PIB de aquel año!

España tiene un problema de baja productividad que, a su vez, entraña una dificultad a la hora de subir salarios. El tejido empresarial está integrado en un 98% por empresas con menos de 20 trabajadores —de hecho, el 96% tiene menos de 10 empleados— y ese reducido tamaño impide destinar recursos suficientes para ponerse al día en cuanto a inversiones en tecnología y apostar, en la medida de las posibilidades de cada cual, por la automatización y la robótica. Por añadidura, es imprescindible invertir en conocimiento, en formación, preparar a nuestra gente ante el nuevo teatro económico que abre el telón con la revolución tecnológica, la transformación digital, la internetización de todo… Es en esos puntos donde estriba el complicado hándicap de nuestras empresas, debido a su porte y dimensión, que justo, en sentido contrario, es donde residen las fortalezas de las grandes compañías que pueden dedicar buenas sumas de dinero a inversión tecnológica y a la captación y preparación de talento.

El envejecimiento poblacional constituye otro gran reto para la economía española. Más pensiones, más sanidad y menor productividad laboral. Se necesitan más ingresos en la Seguridad Social para mantener el actual sistema de pensiones… En 2017, hemos ido tirando de deuda para pagar las pensiones. Y en 2018 seguiremos por ese mismo camino. Las cuentas no cuadran y el déficit de nuestra Seguridad Social, aparte de voluminoso, es crónico, cifrándose sobre los 17.000 millones de euros. Actualmente, hay más de 750.000 pensionistas que cobran una jubilación superior a 2.000 euros mensuales; la pensión media de jubilación es de prácticamente 15.000 euros anuales y el salario más frecuente en España está en unos 16.500 euros al año. En alguna provincia española ya se da la circunstancia de que el número de pensiones supera al de los cotizantes y en otras se encuentra casi en la misma proporción. Con esos números, ¿cuadrarán los números de la Seguridad Social?

La solución consiste no solo en que haya más gente trabajando sino en la calidad del empleo, la cualificación del factor humano, altas retribuciones, permitiendo unas buenas bases de cotización que se plasmen en un aumento de los ingresos de la Seguridad Social. Empero, hoy por hoy, con nuestro actual modelo productivo, eso se antoja utópico. Y ahí está otra de las reformas que se tendría que haber hecho y no se ha hecho: cambiar el modelo productivo español y orientar en otra dirección nuestro patrón de crecimiento, anclado en el turismo y en el ladrillo.

Paro estructural

El excesivo paro estructural es otro de los frentes abiertos por más que se nos diga que se está creando empleo. Al margen de que la formación de nuestra gente no sea la más idónea, de que las tasas de población con pocos estudios seas muy altas, por desgracia, parte del empleo creado en estos últimos años es muy precario, a tiempo parcial de forma involuntaria por parte del trabajador, excesivamente temporal —con lo cual se demuestra que la parte empleadora, el empresario, no las acaba de tener todas consigo con respecto a que la recuperación económica sea una realidad; si estuvieran convencidas las empresas de que la cosa va en serio, firmarían contratos indefinidos con los trabajadores que incorporan—, y el ritmo de creación de empleo irá perdiendo vigor en los próximos años —lo mejor ya pasó gracias a la recuperación vivida en estos años recientes— de manera que entre 2021 y 2022 apenas se crearán nuevos puestos de trabajo y ello sin considerar el impacto propiciado por los humanoides, robots e inteligencias artificiales que aterricen en nuestras vidas. Indefectiblemente, y a corto plazo, mermarán la fuerza laboral humana.

En fin, esos son algunos de los retos que encarar en 2018, año que sin duda desde el punto de vista político no será pacífico. El resultado de las elecciones catalanas, con una senda por desbrozar todavía, salpica a la política nacional, pone contra las cuerdas al mismo Gobierno, sin que hasta hoy se tengan presupuestos generales del Estado para el año que ha arrancado, complicando el panorama. Otrosí, el endurecimiento de las acomodaticias condiciones financieras junto con la gradual retirada de los estímulos monetarios del Banco Central Europeo empañan el devenir de 2018 que, en el marco internacional, habrá que ver hasta qué punto la política, con ínfulas proteccionistas en algunas grandes potencias, marca el rumbo de la economía que, en su vertiente europea, encajará el segundo acto del Brexit, andará expectante con las elecciones italianas y observará con cierta preocupación los extremismos, tanto de izquierdas como de derechas, de algunos países.

Y en 2018, los trabajadores europeos, como los españoles, demandarán aumentos salariales, las clases medias seguirán sufriendo pérdidas en su nivel de vida, los padres se interrogarán por el futuro de sus hijos, los jóvenes metabolizarán sus ansias migratorias en busca de un mundo mejor… La población seguirá envejeciendo y no tan solo la productividad se resentirá sino los costes públicos en protección social y salud. Europa, anquilosada con su oronda estructura política seguirá perdiendo comba y las economías emergentes seguirán por la vía de la prosperidad… Retos, pues, desafíos, por ende, que encarar en este arranque del año 2018