Torra fríe a inspecciones a las fortunas y empresas que huyen de Cataluña por el independentismo
Un total de 2.812 compañías trasladaron su sede social fuera de Cataluña durante el 2018. El plan de control tributario de la Generalitat incluye un refuerzo especial sobre el control de las deslocalizaciones.
El nuevo Plan de control tributario de la Generalitat incluye un cerco especial a quienes optaron por sacar sus empresas de Cataluña por la crisis independentista.
El gobierno catalán señala, en este sentido, que entre las principales actuaciones previstas estará «la comprobación e investigación de los cambios de domicilio y de las deslocalizaciones», en relación al impuesto de patrimonio, tributo que la Generalitat tiene capacidad de rastrear, al contrario que el de Sociedades.
Así, se advierte de que la inspección pondrá especial atención en la «comprobación de la situación tributaria de aquellos contribuyentes que, teniendo la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre el patrimonio en Cataluña, no lo hicieron, así como el requerimiento formal para que cumplan su obligación». Además, se realizará un «control y seguimiento de los supuestos de deslocalización de contribuyentes con el fin de eludir el pago de este impuesto».
La situación de inestabilidad en Cataluña, especialmente tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, motivó un éxodo de fortunas y empresas a otros puntos de España o al extranjero. Un fuga que sigue a día de hoy por la desconfianza que provoca el incierto escenario político.
Según un recuento facilitado por la consultora ‘Informa D & B’, un total de 2.812 compañías trasladaron su sede social fuera de Cataluña durante el 2018, un año marcado por la fuga de empresas del territorio catalán originada por el proceso independentista.
Las principales comunidades de destino fueron Madrid, Valencia y Aragón, que recibieron, respectivamente, el 59%, 10% y 7% de las compañías. Es decir, más de la mitad de las 3.049 empresas que llegaron a Madrid procedían de Cataluña. A lo largo del año, 25 empresas con una facturación de más de 100 millones de euros se mudaron de Cataluña. En los primeros días tras la celebración del referéndum ilegal, un millar de empresas registró su domicilio fiscal fuera de Cataluña.
Bebidas y viviendas
Otro ‘frente’ fiscal para la Generalitat lo constituyen las bebidas azucaradas y los propietarios de vivienda.
Así, el plan recoge específicamente un control de las actuaciones en el impuesto sobre viviendas vacías o sobre estancias en establecimientos turísticos «mediante el análisis sistemático de los cruces de los datos obtenidos a partir de declaraciones informativas y acuerdos de intercambio de información con otras administraciones».
En cuanto a los tributos cedidos y, concretamente, con respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se prevé incrementar las medidas de comprobación del valor declarado por el contribuyente, con especial atención al sector inmobiliario, mediante la explotación del Observatorio del Mercado Inmobiliario.
«Fiscalidad ventajosa»
Entre otras actuaciones, la Generalitat independentista busca incrementar su recaudación con la inspección de «falta de tributación debida a cambios de domicilio que no supongan alteración de los puntos de conexión y deslocalizaciones a territorios de fiscalidad ventajosa en coordinación y colaboración con otras administraciones públicas».
Se investigará, por ejemplo, a personas físicas «que habiendo declarado la existencia de titularidades de bienes y derechos en el extranjero se detecten inconsistencias con el patrimonio que se hubiera tenido que declarar». Además, se comprobarán «las operaciones inmobiliarias de más relevancia y complejidad, con especial atención a las transmisiones de grandes edificaciones y edificios singulares y en las transmisiones de la totalidad de los patrimonios empresariales».