Torra dilapida 3 millones en su inoperante Policía Marítima: el coste de 75.000 test para detectar el Covid

El Gobierno de Quim Torra quiere dar la ‘batalla’ por el control del mar a la Guardia Civil. La puesta a punto de la recién estrenada Policía Marítima de los Mossos d’Esquadra, una unidad sin competencias asignadas más allá de labores administrativas, supondrá un coste para los catalanes de unos 3 millones de euros. El mismo coste que alcanza en el mercado la realización de alrededor de 75.000 pruebas PCR para detectar el coronavirus en una Cataluña gravemente azotada por los rebrotes.

Seis embarcaciones de la Guardia Civil y más de una treintena de agentes patrullan día y noche las aguas del mar Mediterráneo que bañan el litoral catalán. Pero Quim Torra ha decidido que esa labor le corresponde a los Mossos d’Esquadra, a pesar de no tener competencias para ello ni tampoco disponer de los medios necesarios. Organizar y pertrechar esta nueva Policía Marítima, según fuentes de los Mossos próximas al proyecto, tendrá un coste inicial de aproximadamente 3 millones de euros.

Algo más de un millón de euros ya se ha invertido en la compra de las tres  primeras embarcaciones y su preparación para misiones policiales (equipo de comunicaciones, armas…). Aún falta por finalizar la preparación de una cuarta embarcación, una patrullera de 12 metros de eslora, y la licitación de otras tres embarcaciones semirrígidas. A todo ello hay que sumarle la preparación de tres bases marítimas de operaciones. La habilitación de la primera, situada en el puerto de Palamós, ha costado más de 150.000 euros.

A ello hay que sumarle el coste salarial del medio centenar de agentes que estarán encuadrados en la unidad, más la formación de una treintena de ellos que comenzarán el curso de policía marítima el próximo mes de septiembre.

75.000 pruebas de Covid

El proyecto de esta embrionaria ‘Armada’ catalana, la última aspiración separatista de Torra, supondrá un desembolso similar para las arcas públicas al que supondría la realización de 75.000 pruebas PCR de laboratorio para la detección del coronavirus. El coste medio para el erario público de uno de estos test ronda los 40 euros. En laboratorios privados de Cataluña su coste es de 93 euros, precio limitado impuesto por el Gobierno de la Generalitat el pasado mes de mayo.

La amenaza del coronavirus sigue mientras tanto creciendo en Cataluña. En los últimos 14 días la región ha alcanzado una incidencia acumulada de 158 contagios por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más altas de toda Europa sólo superada por Aragón (con 566). La situación es cada vez más preocupante. Holanda, por ejemplo, ha pedido a sus ciudadanos que estén de viaje en Barcelona que vuelvan cuanto antes.

La flota de Torra

De momento son tres las embarcaciones tipo zodiac con las que cuenta la unidad, dos de 4 metros de eslora y otra de unos 7. Su base está en el puerto de Palamós, donde se ha rehabilitado un edificio como base de operaciones. Pero la flota va a crecer en los próximos meses con un objetivo claro: disputarle a partir de 2021 el control del mar a la Guardia Civil, legítima policía marítima según la Ley.

El Gobierno de Torra está preparando la licitación para la compra de otras tres embarcaciones más. Se trata, explican fuentes de los Mossos, de patrulleras semirrígidas muy similares a las que tiene en servicio la Royal Police de Gibraltar, con las que la Guardia Civil tiene problemas cada cierto tiempo.

Replicar a la Guardia Civil

La Generalitat además ha encargado a una empresa la puesta a punto de una patrullera de 12 metros de eslora, cuya puesta en servicio se espera para este otoño. Se trata de una embarcación «muy similar» a otra que opera la Guardia Civil desde el puerto de Barcelona. Una semirrígida modelo Duarry Megatech 12, con motores fueraborda de gran potencia, cabina y capacidad para 10 tripulantes.

Según explican fuentes de los Mossos, el objetivo principal es replicar las capacidades marítimas de la Guardia Civil en Cataluña, que cuenta con 6 embarcaciones y una treintena de agentes dedicados a la vigilancia marítima.

En un primer momento, la Generalitat barajó crear esta flota mediante la reutilización de barcos incautados en operaciones contra el narcotráfico u otros delitos marítimos. Sin embargo, esto complicaba la operativa al tratarse de embarcaciones que arrastraban un importante desgaste mecánico, lo que elevaba considerablemente el gasto en mantenimiento.

Objetivo: las multas

Tal y como aseguran fuentes muy próximas a esta incipiente unidad, el principal cometido que tendrá el equipo de Policía Marítima será -por el momento- el patrullaje en espacios naturales -calas y playas- donde son habituales las reuniones de barcos de recreo. En los últimos años se han hecho muy populares las macrofiestas embarcadas en lugares recónditos y protegidos de la cosa catalana, en las que en ocasiones se cometen graves infracciones contra las leyes de preservación de espacios protegidos.

El primer objetivo, por tanto, será de carácter recaudatorio a través de las multas y sanciones administrativas que se imponen a este tipo de prácticas. De momento, además, es la única actividad policial que los Mossos pueden realizar sin pisar las competencias de Policía Judicial, que recaen sobre la Guardia Civil.

«Nos quieren echar»

La puesta en marcha de esta nueva unidad tiene un evidente trasfondo político que no se le escapa ni al Ministerio del Interior ni a la propia Guardia Civil. En clave interna, desde dentro de la Benemérita entienden este movimiento como una clara declaración de intenciones: «Nos quieren echar de Cataluña, como ha pasado en el País Vasco o como intentan en Navarra». El Ministerio del Interior, sin embargo, aún no ha valorado públicamente la creación de esta unidad, que usurpa funciones policiales del Estado.

«Es una vergüenza. Gastan el dinero público con una alegría, que bien le vendría ese dinero a algún hospital catalán», advierten desde una de las principales asociaciones del cuerpo.