Sanidad reconoce ya el «riesgo de desabastecimiento del material» contra el Covid en plena ola de rebrotes

Sanidad ha decidido parar una megalicitación pública de compra de material con el fin de ampliarla. Pero no lo ha hecho por una motivación propia. Lo ha hecho por los avisos de «distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el Acuerdo Marco» a causa del «riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación». Traducido: en pleno verano y con una oleada de rebrotes la falta del material de prevención más básico frente al coronavirus -mascarillas, batas, guantes, test, etc.- vuelve a sobrevolar España.

El importe de la licitación no era pequeño: «1.215.896.750,16 EUR. Importe (sin impuestos) 1.004.873.347,24 EUR». El contrato marco debía amparar un «plazo de ejecución: 1 Año». El objeto era nada menos que la «selección de suministradores y productos para hacer frente al Covid-19, así como la fijación de las condiciones a que habrán de ajustarse los suministros basados en este Acuerdo Marco».

La compra era de todo el material de protección imaginable frente al virus para evitar un desabastecimiento: «Adquisición de material necesario para hacer frente al Covid-19, que es de utilización común en el Sistema Nacional de Salud y que se requiere para el cumplimiento de los fines de las administraciones participantes».

La justificación de la paralización vuelve a mencionar ya el «riesgo de falta de material», tal y como prueba el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El documento es la ‘Resolución por la que se adopta la decisión de no adjudicar el acuerdo marco 2020/065 para el suministro de material necesario para hacer frente al covid-19, con destino a varias comunidades autónomas y organismos de la administración del estado antecedentes primero’. Detalla que «con fecha 21 de julio de 2020 se acordó la licitación de un Acuerdo Marco por trámite de emergencia para el suministro de material necesario para hacer frente al covid-19, con destino a varias comunidades autónomas y organismos de la administración del Estado».

Riesgos de desabastecimiento

La licitación fue publicada el 22 de julio de 2020 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, «teniendo fecha de vencimiento la presentación de ofertas el 31 de julio de 2020, a las 15h». Pero «durante la fase de tramitación inicial de licitación, y encontrándose ésta en periodo de presentación de ofertas, distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el Acuerdo Marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir».

Por todo ello y ante la gravedad del aviso de ese desabastecimiento del material se ha decidido parar y ampliar la compra: «La circunstancia puesta de manifiesto en el apartado anterior afecta de manera evidente al interés público y aconseja adoptar medidas que minimicen los riesgos de desabastecimiento de las comunidades autónomas no adheridas».

El material que se pretendía adquirir era el más conocido y carente durante toda la primera etapa del coronavirus en España: batas, guantes, mascarillas e incluso test.

De este modo vuelve la polémica por la falta de previsión justo cuando el Gobierno sigue echando balones fuera para no hacerse cargo de su responsabilidad de coordinar a las sanidades autonómicas en la lucha contra el Covid.

De hecho, la pasividad con la que el Gobierno de Pedro Sánchez asiste a la proliferación de rebrotes del coronavirus en distintos puntos del país, y especialmente en Cataluña, choca incluso con la ley y la propia Constitución que, pese al reparto de competencias, reserva un papel protagonista a la Administración del Estado en su función de «coordinación».

Y es que el Ejecutivo no debe actuar como un mero espectador ante una pandemia que, según han llegado a admitir ya desde el propio Gobierno, podría estar en la segunda ola. Por ahora, y pese a la evidencia de los datos, Pedro Sánchez se mantiene impasible.

El reparto competencial no es excusa para rechazar cualquier tipo de actuación. El Gobierno, tras el fin del estado de alarma, delegó toda la gestión en las comunidades autónomas, y no piensa alterar, al menos en el corto plazo, esa hoja de ruta.

Servicios de vigilancia

La Ley General de Sanidad, por ejemplo, establece que «sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas», a la Administración del Estado sí le corresponden «los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las zoonosis», además de «la coordinación de los servicios competentes de las distintas Administraciones Públicas Sanitarias, en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional».

Es decir, el Gobierno tiene la obligación de vigilar la evolución de la pandemia y la omisión de medidas ante una situación crítica, en su caso, también sería su responsabilidad.

La propia Constitución, en su artículo 149.1.16, establece como «competencias exclusivas» del Estado «la sanidad exterior», «las bases y coordinación general de la Sanidad» y la «legislación sobre productos farmacéuticos». Es decir, de nuevo se atribuye al Gobierno un papel de tutela y, por tanto, de máxima responsabilidad ante los riesgos sanitarios.
Pese a que los rebrotes se multiplican por todo el país, el Ejecutivo socialcomunista mantiene un perfil bajo y expresa mensajes contradictorios.

Tan sólo se ha prestado a centralizar esta macrocompra de material preventivo que ahora ha parado. Y la para por el riesgo de desabastecimiento.