Sánchez borra de la Presidencia de la UE la reforma de la euroorden contra Puigdemont que pidió el PP

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no defenderá en el marco de la Presidencia española de la UE, que arrancará el próximo 1 de julio -a sólo una semana de la campaña de las generales-, la reforma de la euroorden para cercar al prófugo separatista Carles Puigdemont. Una iniciativa que el PP planteó en la Comisión Mixta para la Unión Europea y que el PSOE llegó a aceptar inicialmente en la fase de ponencia. Sin embargo, con la disolución de las Cortes por el adelanto de los comicios al 23J, la Comisión no llegó a aprobar ningún informe de recomendaciones al Gobierno para el semestre europeo y la reforma de la euroorden, a la que el PP da especial trascendencia, cayó en saco roto.

Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo consultadas por OKDIARIO denuncian que «el PSOE dilató las negociaciones con sus socios separatistas», por lo que la Comisión Mixta no pudo aprobar en segunda votación (tras la ponencia) el informe de propuestas o recomendaciones al Gobierno -65 aportadas por el PP- antes de la disolución de las Cámaras. En concreto, uno de esos puntos que el PSOE llegó a votar a favor -no así el resto de socios de Sánchez- instaba al Ejecutivo a «modernizar la Cooperación Judicial, avanzar en la digitalización de la justicia e instar a la Comisión Europea a presentar la reforma de la euroorden, de manera que incluya también los delitos cometidos contra el orden constitucional, tal y como ha reclamado el Parlamento Europeo».

De esta manera, las fuentes del PP remarcan que la reforma de la euroorden planteaba que no volviera a repetirse lo ocurrido con Bélgica, cuyas autoridades no sólo se negaron a la entrega reclamada por la Justicia española, sino que incluso cuestionaron la competencia del juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, a la hora de emitir la euroorden.

El Parlamento europeo aprobó a finales de 202o en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior que este mecanismo debe aplicarse «automáticamente» cuando se cometan delitos «contra el orden constitucional» de un Estado miembro. Una redacción defendida por el PP que incluía, entre otros, el delito de sedición. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez derogó ese delito a finales del año pasado, en su enésima concesión a los separatistas, por lo que Llarena dejó sin efecto en enero la orden de detención europea por sedición y pospuso su decisión de emitir una nueva por los otros dos delitos por los que sigue procesado Puigdemont, desobediencia y malversación.

Se da además la circunstancia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó también en enero que un país no se puede negar a ejecutar una orden de detención emitida por otro miembro de la UE basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales sin demostrar antes que existen deficiencias sistémicas en su sistema judicial.

Dos días antes del 23J

Además del discurso -ya pospuesto por el adelanto electoral- que iba a dar el presidente Sánchez el 13 de julio en la Eurocámara para la presentación de los ejes de la Presidencia española de la UE, otra oportunidad que tenía el Ejecutivo para poner sobre la mesa la reforma de la euroorden habría sido la Reunión Informal de Justicia prevista para el 21 de julio en Logroño. Sin embargo, el Gobierno no lo hará, máxime cuando no cuenta con ninguna recomendación oficial de las Cortes en este sentido, al haber sido disueltas por el adelanto electoral y no aprobarse con anterioridad el informe de propuestas. Con todo, dicho Consejo informal de Justicia se celebrará apenas dos días antes de la cita con las urnas.

Cabe recordar que la aprobación de la euroorden fue uno de los avances cosechados en la Tercera presidencia española de UE, que se celebró en 2002 bajo mandato del Gobierno de José María Aznar (PP).