El PSOE ya no descarta la imputación del delegado del Gobierno de Ceuta y aviva la preocupación en Moncloa

El PSOE de Pedro Sánchez ya no descarta la imputación del delegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y aviva la preocupación en La Moncloa. Y es que el Gobierno puso el cortafuegos de la crisis migratoria de la ciudad autónoma en la figura del representante ceutí para evitar que la cadena de responsabilidades llegase hasta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o incluso hasta la sede del Ejecutivo.

Fuentes socialistas se han limitado a decir que la crisis migratoria del pasado 30 de julio, cuando entraron casi 80.000 inmigrantes en Ceuta a través del espigón de El Tarajal desde Marruecos, «está en investigación».

Y restan importancia a lo que pueda pasar asegurando que «ya se inhabilitó a la anterior», en alusión a la socialista Salvadora Mateos, quien ocupó la Delegación de Gobierno en la anterior llegada masiva a Ceuta de 2021. La sentencia de la Audiencia de Cádiz llegó en 2025, ya sin ella en el cargo, por la repatriación de 55 menas a Marruecos en agosto de 2021, tras la invasión de 15.000 inmigrantes azuzados por Marruecos. La sentencia consideró probado que Mateos y la entonces vicepresidenta ceutí, Mabel Deu (PP), actuaron con «consciente desprecio de las normas legales aplicables» y en coordinación con autoridades marroquíes mediante un acuerdo verbal, sin resoluciones administrativas individuales ni informes preceptivos.

Apertura de diligencias previas

Ahora, la investigación es diferente. A principios de septiembre, un juzgado de Ceuta acordó la apertura de diligencias previas contra Pérez Triano por presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en el marco de la invasión procedente de Marruecos.

La resolución respondía a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Sin embargo, de momento, el juzgado no ha citado al denunciado como investigado. Lo que sí hizo la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta fue ordenar la práctica de una serie de diligencias para esclarecer los hechos.

A ojos de este sindicato, el delegado del Gobierno incurrió en una «imprudencia grave al no haber impedido la invasión de una parte del territorio nacional». Además, la denuncia le acusaba de actuar «a sabiendas» de que los servicios de inteligencia le habían advertido de lo que iba a ocurrir.

Sin embargo, este mismo lunes, la juez de la Audiencia Nacional que investiga la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio, María Tardón, solicitó al juzgado ceutí que le remitiese la causa contra el delegado del Gobierno.

La magistrada le pedía a la Sala de la ciudad autónoma que valorase «la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor» de su juzgado «si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue». Es decir, si veía conveniente entregarle la causa porque considerase que los hechos que ambos juzgan coincidieran.

La petición de la juez llegó después de que la Fiscalía de Ceuta pidiera que las diligencias incoadas en Ceuta se elevaran a la pieza que lleva la magistrada Tardón. El Ministerio Público argumentó que los hechos investigados guardaban relación con la causa que ya tramita la juez.

«Tomar medidas» tras la investigación

Este mismo lunes, durante la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del PSOE en la sede nacional del partido, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguró que no iba a hablar «sobre dimisiones» tras ser preguntada sobre unas declaraciones de Melchor León, vicepresidente socialista de la Asamblea de Ceuta, en las que dijo que el delegado del Gobierno tenía los días contados como líder de los socialistas ceutíes.

«Estamos en la gestión de Ceuta y nada nos va a despistar de este objetivo», replicó la diputada del PSOE. «Incluso hemos sido tan transparentes como nunca nadie antes lo había sido; ustedes han podido leer los informes», subrayó Mínguez.

«Esto se está investigando y, cuando acabe la investigación, evidentemente se tomarán las medidas que se tengan que tomar, pero dejemos que la investigación avance y se resuelva», recalcó la dirigente socialista.

La preocupación en Moncloa escalaría por esta situación, que cuenta con el delegado del Gobierno como cortafuegos de las responsabilidades por la crisis de Ceuta. La idea, según aclararon fuentes del Ejecutivo a OKDIARIO, era mantener en el puesto a Pérez Triano «siempre que no aparezca ninguna otra implicación» y darle credibilidad frente a la carta firmada por su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz.

La mano derecha del delegado del Gobierno dimitió tras una rueda de prensa de Pérez Triano en la que dijo que su jefe de gabinete no le informó de su llamada de 11 minutos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En ella, el organismo dependiente de Defensa advertía de que había un llamamiento para entrar ilegalmente en Ceuta en grupos de redes sociales con hasta 180.000 seguidores. Sanz dejó el cargo a través de una carta en la que aseguraba que sí que había comunicado a Pérez Triano sobre el contenido de esa comunicación.