La pandemia como coartada

No descubro nada si a estas alturas afirmo que nuestro país está viviendo una situación tan excepcional que los españoles de varias generaciones no recordamos. Tampoco lo hago si señalo que la irresponsabilidad del Gobierno, con sus falsedades y su frivolidad, ha contribuido a que España sea uno de los países del mundo más castigados por el COVID-19. Es absolutamente inadmisible que nuestros sanitarios, militares y miembros de las fuerzas policiales tengan que cumplir con su deber, en primera línea de la lucha contra el virus, sin los equipamientos necesarios, siquiera mínimos, para desempeñar su trabajo y poniendo así en peligro sus propias vidas. La valentía y profesionalidad de estos colectivos es directamente proporcional a la soberbia del Gobierno de la Nación. Pero, además de la errática gestión gubernamental ante la crisis, de la cual se deberá dar cuenta más pronto que tarde, quiero llamar la atención sobre el ataque, no menor, que el Sr. Sánchez y su gabinete están llevando a cabo sobre aspectos fundamentales de nuestro sistema democrático. Y, todo ello, sobre la base de los siguientes hechos:

En primer lugar, desde la aprobación del Real Decreto de estado de alarma, que emana del artículo 116 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Congreso de los Diputados se encuentra cerrado “de facto”, ya que, a pesar de las comparecencias semanales ante la Comisión de Sanidad y Consumo del ministro Illa, por decisión de la Sra. Batet no existe la posibilidad de ejercer la función (fundamental) de control al Gobierno mediante la celebración de sesiones plenarias periódicas o mediante la obligación del Ejecutivo de responder a las preguntas e interpelaciones que se formulen por parte de los distintos grupos. No existe base legal que justifique esta medida y solo podemos encontrar su razón de ser en la cobardía política de las fuerzas parlamentarias que la apoyan. Recordemos que, con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual, el Gobierno se ha dotado de los mayores poderes que ningún otro gobierno ha tenido desde la Transición y, por tanto, es precisamente en momentos excepcionales como el actual cuando el control político/parlamentario al Gobierno, ejercido por los representantes de la soberanía popular, resulta más necesario que nunca. Esta no es una opinión personal, sino que se trata de una exigencia constitucional, al señalar el artículo 116.4 que el funcionamiento de las Cámaras, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia del estado de alarma. En este sentido, además, no deja de ser paradójico que tengamos el parlamento cerrado cuando precisamente el estado de alarma encuentra su justificación en el artículo 116, el cual se incardina en el Título V, denominado “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”.

En segundo lugar, quisiera apuntar las dudas constitucionales que plantea la actual situación de privación de derechos fundamentales y libertades públicas que vivimos los españoles dentro del marco jurídico del estado de alarma. Si bien el artículo 4, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981 sitúa como presupuesto de hecho las crisis sanitarias o epidemias, no es menos cierto que, por ejemplo, la limitación a la libre circulación en un estado de alarma, a la que se refiere el artículo 11, debe estar limitada “en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos” y, por tanto, parece lógico que una prohibición casi absoluta, como tenemos en estos momentos, excede el ámbito definido en la norma. Por el contrario, la Ley Orgánica 4/1981, al regular el estado de excepción, señala en su artículo 13 que éste deberá aplicarse “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”. ¿Y por qué no propone el Gobierno el estado de excepción cuando parece adecuarse mejor a la situación de recorte de derechos que vivimos? Pues cabría plantearse que quizá sea porque no puede decretarlo unilateralmente ya que, según el texto constitucional, se debe hacer previa aprobación expresa del Congreso de los Diputados, lo que, sin duda, exigiría un trabajo conjunto previo entre el Gobierno y la oposición que el primero no está dispuesto a asumir.

Y, en tercer lugar, me gustaría hacer una breve mención a la actual situación de censura (soy consciente de la gravedad del término, pero no hay otro que lo defina mejor) que sufren la mayoría de los medios de comunicación, y por ende todos los ciudadanos, por parte del Ejecutivo en sus (interminables) ruedas de prensa. La actual situación de pandemia no puede ser excusa para que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, destile o ignore a su conveniencia las preguntas de los periodistas. Por el contrario, la transparencia informativa es ahora más necesaria que nunca y los medios de comunicación deben estar en condiciones de ejercer su función sin ningún tipo de cortapisa.

En fin, los hechos narrados con anterioridad ponen de manifiesto un mal que padece este Gobierno, como es el desprecio a las instituciones fundamentales sobre las que se asienta nuestra democracia. Y, dada la gravedad del asunto, la oposición que aboga por la vigencia del régimen del 78 debe unirse en torno a la defensa de la España constitucional, que tanto bienestar y desarrollo nos ha traído. No se trata de que haya una oposición leal con el Gobierno, sino que ésta lo sea con todos los españoles que deseamos volver a la normalidad cuanto antes para seguir viviendo en paz y libertad.