La Fiscalía agotará el plazo de 5 días para presentar su acusación de rebelión contra los golpistas

Carme Forcadell
Puigdemont, Junqueras y el resto de diputados de Junts pel Sí y la CUP aplauden tras aprobarse la Ley de Transitoriedad (Foto: Efe).

La Fiscalía agotará el plazo de 5 días para presentar su escrito de acusación por rebelión contra los golpistas catalanes ante el Tribunal Supremo. Este jueves el Alto Tribunal decretaba la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Ministerio Público tiene previsto apurar el plazo que vence el próximo viernes 2 de noviembre para remitir al Supremo su escrito de calificación, ya que el jueves es fiesta al ser el Día de Todos los Santos. La Fiscalía quiere cuidar especialmente este documento que ha sido el centro de la polémica durante los últimos meses, tras las presiones públicas recibidas desde el Gobierno para rebajar la petición de penas a los procesados en la causa.

No se descarta incluso que la propia fiscal General del Estado, María José Segarra, protagonice un acto ante los medios de comunicación para presentar a la opinión pública el esperado escrito de acusación. Un acto similar al que ya realizó el fallecido José Manuel Maza cuando presentó en nombre de la Fiscalía las querellas que dieron origen a la causa.

En las últimas semanas, trascendía que la Fiscalía estaba estudiando pedir penas de entre 20 y 25 años de prisión, tras integrar el delito de malversación pública, para Oriol Junqueras y los 5 exconsellers que permanecen en prisión preventiva: Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.

En una segunda escala de penas, se contemplaba la posibilidad de pedir entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no cometieron malversación: la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El último bloque de penas recaería en otros exconsellers como Santi Vila, Carles Mundó o Meritxell Borrás sólo por malversación, y por desobediencia los 3 citados junto a los miembros de la Mesa del Parlament. No obstante, no se descartan cambios en el documento final.

Además de la Fiscalía, es el turno de que presenten sus conclusiones tanto la Abogacía del Estado como la acusación popular que ejerce Vox. Posteriormente, las defensas dispondrán de su plazo correspondiente que podría ser prorrogado para presentar sus respectivos escritos de defensa. Finalmente, se señalará fecha para el juicio, que se prevé para mediados de enero, aunque las cuestiones previas se podrían despachar antes del puente de diciembre.

Fiscales
Sede de la Fiscalía general del Estado, en la madrileña calle Fortuny.

La apertura de juicio oral

El Tribunal Supremo decretaba este jueves la conclusión del sumario sobre los golpistas catalanes y ordenaba la apertura de juicio oral.

La práctica totalidad de los procesados interesaba la revocación del auto de conclusión del sumario y la práctica de nuevas diligencias. Consideraban incompleta la instrucción. Eran algo más de 300 diligencias de prueba las solicitadas por las partes y que habrían de completar el trabajo del juez Pablo Llarena.

La Sala denegaba la revocación y remitía al juicio oral como el escenario adecuado para la práctica de la prueba: «La suficiencia de los indicios sobre los que se construye la inculpación ha sido ya objeto de fiscalización por la Sala de Recursos. Nada tenemos ahora que añadir ni valorar”

Los magistrados rechazaban a su vez la compartida petición de los letrados de la defensa de que la Sala de Enjuiciamiento se pronunciara acerca de si concurren o no los elementos que definen el delito de rebelión: “Nuestra tarea se limita a un control negativo de la tipicidad. De ahí que el esfuerzo argumental de las partes para trasladar a esta Sala».

Por último, también era rechazada la alegada indefensión originada los problemas de compatibilidad para el acceso a la nube virtual habilitada por el Tribunal Supremo para el tratamiento digitalizado de la causa.

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